El fenómeno de la "inquiokupación", es decir, la ocupación ilegal de viviendas en alquiler, ha generado creciente preocupación entre los propietarios. Durante un reciente diálogo sobre el futuro del mercado del alquiler, expertos de portales inmobiliarios como Pisos.com, Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) señalaron que este fenómeno está afectando significativamente la oferta de viviendas disponibles para alquilar.
Ferran Font, director de estudios de Pisos.com, destacó que muchos propietarios prefieren dejar sus inmuebles vacíos en lugar de alquilarlos debido al riesgo de impago y ocupación ilegal. "Muchos temen que si alquilan una vivienda, el inquilino deje de pagar y, en algunos casos, se aproveche de la vulnerabilidad social", comentó. Font también hizo hincapié en la falta de protección que sienten los arrendadores frente a estos problemas, especialmente cuando los inquilinos se declaran vulnerables y las administraciones públicas trasladan la responsabilidad al propietario.
María Matos, directora de estudios de Fotocasa, coincidió en que la principal preocupación de los arrendadores es la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar sus propiedades en caso de problemas con el inquilino. Según Matos, si los propietarios tuvieran la certeza de que podrían recuperar sus viviendas de manera ágil, no habría tantos obstáculos para el alquiler. En su opinión, el Estado debería ser el encargado de garantizar una función social para los inquilinos vulnerables, no los propietarios.
José Ramón Zurdo, director de la ANA, señaló que la "inquiokupación" está reduciendo la oferta de viviendas en alquiler, ya que muchos propietarios prefieren vender sus viviendas o optar por modalidades de alquiler más rentables, como el turístico o el vacacional. Además, Zurdo recalcó que este fenómeno constituye un ilícito penal, pues en estos casos no se trata simplemente de un inquilino que permanece en la vivienda después de vencer su contrato, sino de personas que engañan con la intención de convertirse en okupas, pagando solo el primer mes y la fianza.
Zurdo también explicó que la okupación se puede denunciar como estafa y que, de acuerdo con el Código Penal, la okupación está regulada por dos artículos: el 202, que establece el allanamiento de morada, y el 245, que trata sobre la usurpación de vivienda. Mientras que el allanamiento de morada está penado con cárcel, la usurpación solo conlleva una multa económica, lo que hace que muchas personas no teman las consecuencias legales de ocupar una vivienda ilegalmente.
El experto propuso algunas medidas para combatir este fenómeno, como agilizar los procedimientos de alquiler y modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que actualmente permite contratos verbales. Zurdo sugirió que los contratos deberían ser siempre escritos y registrados en un registro público de arrendamientos, lo que permitiría a la policía verificar rápidamente los acuerdos de alquiler en casos de okupación.
En resumen, el auge de la "inquiokupación" está provocando un cambio en el mercado del alquiler, con muchos propietarios optando por otras opciones o desalentándose a alquilar debido a los riesgos asociados. Las propuestas para una mayor protección legal y agilidad en los procesos de alquiler buscan frenar este fenómeno.
