El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar este lunes 26 de mayo a las 12:30 horas como investigados a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de la Covid-19.
La citación se produce tras la reapertura de una causa previamente archivada, solicitada por la Fiscalía Provincial de Madrid y derivada de una denuncia colectiva presentada por 109 familiares de víctimas en octubre de 2024, impulsada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia.
Carlos Mur, quien era entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, fue el firmante de los protocolos de no derivación hospitalaria para residentes de centros de mayores, una medida duramente criticada por restringir el acceso hospitalario a miles de personas. Francisco Javier Martínez Peromingo, por su parte, era el geriatra responsable de 47 residencias bajo el área del Hospital de Móstoles y, posteriormente, sustituyó a Mur en el cargo.
Investigación penal y contexto
Las entidades demandantes acusan a los responsables políticos de un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal. Este tipo delictivo castiga la negativa, por parte de una autoridad o funcionario público, a proporcionar un servicio esencial por razones discriminatorias.
Durante estos meses, numerosos familiares de residentes fallecidos han declarado ante la Fiscalía para aportar testimonios sobre las circunstancias de las muertes ocurridas entre marzo y abril de 2020.
De los 92 procedimientos activos, el Juzgado 3 de Madrid ha sido el primero en decidir la reapertura de una causa cerrada, lo que ha sido acogido con esperanza por las asociaciones. Una decena de juzgados se han mostrado contrarios hasta ahora a seguir investigando, pero en todos esos casos hay recursos presentados.
El papel de Mur y Peromingo
Mur fue el firmante de uno de los protocolos más polémicos del periodo pandémico: un documento interno que limitaba el traslado de mayores enfermos de residencias a hospitales, priorizando atención en los propios centros, muchos de ellos sin medios adecuados. Peromingo elaboró un protocolo técnico complementario.
Los denunciantes consideran que la responsabilidad no termina en estos dos cargos y reclaman que se investigue también el papel del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Según han manifestado las asociaciones, esperan que Mur y Peromingo aporten información clave para esclarecer quién tomó realmente las decisiones y por qué se mantuvieron pese a sus consecuencias.
Contexto judicial y social
De los 53 casos tratados por la Fiscalía Provincial de Madrid, 48 correspondían a querellas previas ya archivadas o en fase de instrucción. La Fiscalía, en un giro relevante, ha solicitado reabrir las investigaciones para que declaren los “autores intelectuales y firmantes del protocolo”.
El caso ha adquirido notoriedad en la opinión pública tras el estreno del documental 7.291, que reconstruye los hechos acontecidos en la red de residencias durante los primeros meses de la pandemia y ha servido para renovar las protestas y homenajes de los familiares de las víctimas.
La Asociación 7.291 Verdad y Justicia y Marea de Residencias mantienen vivas sus reivindicaciones sociales y jurídicas, coincidiendo con el quinto aniversario del estallido de la crisis sanitaria. Esperan que esta nueva fase judicial abra un camino hacia la verdad, justicia y reparación que han exigido durante años.
