La decisión, adoptada en un pleno extraordinario, levanta la inmunidad parlamentaria del exministro y permite al alto tribunal avanzar en las investigaciones.
Una votación secreta y unánime
La votación se realizó a puerta cerrada y de forma secreta, resultando en 345 votos a favor y ninguno en contra. Ábalos, que no participó en la sesión plenaria, queda ahora a disposición del juez Leopoldo Puente, instructor del caso en el Tribunal Supremo, quien podrá otorgarle la condición formal de investigado y realizar diligencias hasta ahora vetadas, como el volcado de su teléfono móvil y la revisión de sus cuentas bancarias para determinar un posible incremento patrimonial injustificado.
El proceso parlamentario
El Tribunal Supremo remitió el suplicatorio al Congreso el pasado 19 de diciembre, tras considerar que existían indicios sólidos de la participación de Ábalos en operaciones vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia. El caso fue estudiado por la Comisión del Estatuto del Diputado, que aprobó por unanimidad un informe favorable a la solicitud del Supremo. Este informe fue ratificado este miércoles por el pleno de la Cámara Baja.
Delitos atribuidos al exministro
Ábalos está imputado por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. Según el Supremo, el exministro habría jugado un "papel principal" en una trama de corrupción que implicaba el ocultamiento de cobros derivados de contratos irregulares relacionados con la compra de mascarillas.
La Audiencia Nacional, que inicialmente investigaba la causa, remitió el caso al Supremo en noviembre de 2024 al tratarse de un diputado aforado. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaron que Ábalos tuvo una intervención destacada en los beneficios obtenidos por la trama.
Reacciones y próximos pasos
En su defensa, Ábalos aseguró ser víctima de una "operación de la derecha y la ultraderecha" destinada a desprestigiarle y desestabilizar al Gobierno. Solicitó el aplazamiento de la votación hasta que se resolviera un recurso en el Supremo y se reanudara el periodo ordinario de sesiones en febrero, pero esta petición fue rechazada.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuenta ahora con ocho días para comunicar el resultado de la votación al Supremo. A partir de entonces, el juez instructor podrá avanzar en las diligencias necesarias para esclarecer el papel de Ábalos en la trama.
La aprobación del suplicatorio marca un paso clave en el avance de la causa judicial y refuerza las herramientas del Supremo para investigar las irregularidades atribuidas al exministro, quien ahora deberá responder formalmente ante la justicia.
