El Ayuntamiento de Madrid celebró a principios de año que la capital cumplió por segundo año consecutivo con los límites de dióxido de nitrógeno (NO₂) establecidos por la Unión Europea, un logro histórico en la mejora de la calidad del aire. La aplicación progresiva de restricciones a vehículos más contaminantes en las tres ZBE de la ciudad había contribuido significativamente a estos resultados.
Sentencias judiciales que cuestionan la normativa
Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en septiembre anuló varios preceptos de la ordenanza que regula las ZBE. El fallo no cuestiona la necesidad de estas áreas, pero considera insuficientes los estudios económicos previos, especialmente sobre el impacto en colectivos vulnerables como pymes, autónomos y personas con menor capacidad económica para renovar sus vehículos.
El Ayuntamiento tiene hasta finales de octubre para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, las restricciones y sanciones permanecen en vigor. Automovilistas Europeos Asociados ha exigido la paralización de multas y la devolución de 331 millones de euros cobrados, mientras que organizaciones políticas como Vox han celebrado la anulación como un triunfo contra el "fanatismo climático".
Tensiones políticas y demandas sociales
El fallo ha reavivado las tensiones políticas en el Ayuntamiento. La oposición, encabezada por Más Madrid y el PSOE, acusó al gobierno de José Luis Martínez-Almeida de generar inseguridad jurídica con una gestión marcada por “chapuzas”. Por su parte, Vox exigió la dimisión del alcalde, calificando las ZBE como una “maquinaria recaudatoria”.
Futuro incierto
A pesar de los reveses judiciales, el Ayuntamiento sigue defendiendo las ZBE como un modelo de éxito para mejorar la calidad del aire. Además, planea mantener la restricción total a los vehículos sin etiqueta ambiental a partir de enero de 2025, un paso clave en la transición hacia una movilidad más sostenible.
El debate en torno a las ZBE de Madrid resume la complejidad de equilibrar objetivos medioambientales con el impacto económico y social de las medidas, dejando en el aire el futuro de estas zonas en la lucha contra la contaminación.
