Según fuentes cercanas al exministro, la denuncia se centra en un dispositivo que requisó un sobre con documentos relacionados con contratos investigados. Dicho sobre, que llevaba su nombre en el frente, fue interceptado mientras era transportado por Joseba García Izaguirre, hermano de su exasesor Koldo García, desde Alicante hasta la vivienda de Ábalos en Valencia el pasado 4 de noviembre de 2023.
Ábalos argumenta que la acción podría ser constitutiva de delito bajo el artículo 535 del Código Penal, ya que la interceptación de correspondencia de un diputado, protegido por su condición de aforado, supone una violación de su inmunidad parlamentaria.
"Grave atentado contra la democracia y el Estado de derecho"
En una rueda de prensa en el Congreso, Ábalos calificó el incidente como un "hecho muy grave" y denunció que el operativo violenta a un representante electo. Solicitó que el caso sea investigado con seriedad, argumentando que este tipo de actuaciones comprometen la democracia y el Estado de derecho.
Además, Ábalos dirigió una pregunta escrita a la Mesa del Congreso sobre el operativo, pero según explicó, la respuesta obtenida fue vaga y escueta. "Se me dijo que la policía judicial solo actúa bajo mandato judicial, pero no me parece que fuera el caso", afirmó.
Negación de pactos y defensa de su escaño
El exministro negó tajantemente cualquier pacto con su exasesor Koldo García, con el Gobierno o con el PSOE en relación con la causa judicial en curso. "Cero contactos, absolutamente cero. No hay ninguna relación", aseguró.
También reafirmó que no tiene intención de renunciar a su escaño. A pesar del suplicatorio elevado al Congreso por un magistrado para retirar su inmunidad, Ábalos insistió en que no deberían pedirle su acta, incluso estando investigado. "Las normas del partido establecen que se debe ceder el acta solo al ser citado en juicio oral. Si son tan estrictos con las normas, cumplámoslas", subrayó.
Acusaciones graves e implicaciones legales
El magistrado que investiga a Ábalos envió este miércoles un suplicatorio al Congreso, tras considerar que existen "indicios bastantes" de que el exministro pudo haber cometido delitos como integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Ábalos instó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a abordar el caso con transparencia. "Es muy sencillo determinar si fui investigado. Bastaría media hora para aclararlo, en lugar de responder con algo tan obvio como que la policía judicial actúa bajo mandato judicial", señaló.
El caso ha reavivado la polémica en torno a la figura del exministro y sus posibles implicaciones legales, mientras se espera la decisión del Congreso sobre su inmunidad parlamentaria.
