La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión superior a 10,8 millones de euros para reforzar la protección del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social (AVS), con el objetivo de prevenir ocupaciones ilegales, evitar daños en los inmuebles y mejorar la seguridad de los residentes.
El Consejo de Gobierno ha conocido la adjudicación del nuevo contrato de seguridad, que tendrá una duración inicial de 24 meses y podrá prorrogarse hasta el año 2030.
Protección para 50.000 inmuebles en toda la región
El dispositivo cubrirá la vigilancia de los 50.000 activos gestionados por la AVS, entre los que se incluyen 25.000 viviendas distribuidas en 119 municipios, que actualmente constituyen el hogar de cerca de 100.000 madrileños.
Además de las viviendas, el contrato contempla la protección de locales, garajes, parcelas y centros de atención y registro destinados a los ciudadanos.
El plan combina personal de vigilancia presencial con medidas tecnológicas de carácter disuasorio, como la instalación de alarmas, sistemas de control y puertas antiocupación, con el objetivo de reforzar la seguridad tanto de los inmuebles como de sus inquilinos.
Refuerzo de la política contra la ocupación ilegal
La inversión forma parte de la estrategia del Ejecutivo regional para preservar el parque público de vivienda, especialmente destinado a familias con menos recursos económicos.
En paralelo, la Comunidad está tramitando un nuevo Reglamento de Vivienda que introduce medidas adicionales para frenar la ocupación. Entre las principales novedades, el texto establece que las personas condenadas por allanamiento de morada o usurpación no podrán acceder a una vivienda protegida durante cinco años desde la sentencia firme.
La normativa se encuentra actualmente en fase de audiencia e información pública y su aprobación está prevista para el próximo mes de julio.
Más vivienda pública en construcción
Dentro de la actual legislatura, el Gobierno regional prevé la construcción de más de 2.100 nuevas viviendas sociales. En estos momentos, cerca de 1.200 pisos ya están en fase de edificación en municipios como Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y Madrid capital.
Con esta inversión en seguridad y el incremento del parque público, la Comunidad de Madrid busca garantizar la protección del patrimonio público y mejorar el acceso a una vivienda para los colectivos con mayor necesidad.
