El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado al Gobierno que investigue formalmente la denuncia presentada por el Partido Popular contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en relación con el rescate de Air Europa y la supuesta vinculación de su esposa, Begoña Gómez, con la aerolínea y el grupo Globalia.
La decisión judicial obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, a abrir un expediente de investigación y a resolverlo de forma motivada, atendiendo también a las pruebas solicitadas en la denuncia.
Una sentencia firme sin recurso
El TSJM ha declarado firme la sentencia dictada en junio tras expirar el plazo de 30 días para presentar recurso ante el Tribunal Supremo. En su resolución, los magistrados han dado diez días al Ejecutivo para acusar recibo y comunicar qué órgano será el encargado de cumplir el mandato.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo recordó en su fallo que la Oficina de Conflicto de Intereses no llevó a cabo “una actividad mínima de investigación” sobre el asunto, limitándose a un informe de la Secretaría General de la Presidencia en el que se señalaba que Begoña Gómez no mantenía relación laboral ni profesional con Air Europa o Globalia.
El origen de la denuncia
El PP considera que Sánchez debió abstenerse en las reuniones del Consejo de Ministros donde se decidió el rescate de la aerolínea, al entender que existía un conflicto de interés derivado de los negocios de su mujer. El recurso del partido subraya que se solicitaron diligencias de prueba que nunca fueron practicadas por la Oficina de Conflicto de Intereses.
En su sentencia, el TSJM apunta que los hechos denunciados exigían “una actividad mínima de investigación”, puesto que se trata de un asunto de interés público por la necesaria transparencia en la actuación del Gobierno y de los órganos de control.
Contexto y repercusiones
El caso se enmarca en la polémica sobre la influencia de Begoña Gómez en decisiones empresariales vinculadas a compañías que recibieron ayudas públicas. El tribunal resalta que no basta con descartar relaciones laborales directas, sino que debe analizarse si existieron circunstancias que pudieran comprometer la imparcialidad del presidente del Gobierno.
Ahora, la Oficina de Conflicto de Intereses deberá decidir si archiva el expediente o si continúa con la tramitación, pero en cualquier caso tendrá que emitir una resolución motivada y transparente.
