Este programa incluye 118 fiscalizaciones, de las cuales 67 son nuevas actuaciones, sumándose a las revisiones en curso a finales de 2025.
Fiscalización de grandes políticas públicas
El TCU dedicará 14 fiscalizaciones a la ejecución de grandes políticas públicas, abarcando educación, inmigración, vivienda, protección contra la violencia de género, gestión de desastres naturales y red de transportes. Estas actuaciones buscan garantizar una gestión eficaz, eficiente y transparente de los fondos públicos, tal como se establece en el objetivo estratégico 1 del Plan.
Educación e inmigración, áreas prioritarias
En el ámbito educativo, se revisará la gestión de programas y subvenciones destinados a centros educativos y alumnado, así como la planificación de políticas de enseñanza.
En inmigración, se analizarán las políticas de extranjería y migración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la actuación del Ministerio del Interior en fronteras y la gestión de la Oficina de Asilo y Refugio.
Vivienda y transporte
Respecto a la vivienda, las fiscalizaciones evaluarán el diseño y ejecución de políticas por parte de la Administración General del Estado, la actividad de la SAREB y la promoción de viviendas de protección pública en comunidades autónomas.
En transporte, se estudiarán actuaciones en carreteras del Estado y la red ferroviaria estatal, supervisando la eficiencia y la correcta utilización de los recursos.
Otras áreas de interés social y política
El TCU también centrará su labor en políticas sociales, incluyendo la acción humanitaria del Gobierno, el Bono Cultural Joven, la respuesta de comunidades autónomas ante acoso escolar, la asistencia en residencias de mayores y la atención a personas sin hogar.
Asimismo, se fiscalizará la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con especial atención a centros de asistencia integral a víctimas de violencia sexual, subvenciones de teleasistencia y programas de inserción laboral para mujeres explotadas sexualmente.
Rendición de cuentas y gestión pública
Dentro del programa anual, se incluyen 17 fiscalizaciones a partidos políticos y procesos electorales, y 30 actuaciones sobre contratación, subvenciones y endeudamiento de la Seguridad Social. Además, se revisará la gestión del sector público estatal, autonómico y local, así como medidas de prevención de desastres naturales, incendios y actuaciones de recuperación ambiental, como en el caso del Mar Menor.
El Tribunal de Cuentas busca con estas actuaciones reforzar la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, asegurando que las políticas y programas estatales se ejecuten de manera correcta y con impacto positivo para la ciudadanía.
