El Tribunal Supremo ha puesto fecha al inicio del procedimiento oral contra José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la denominada trama de las mascarillas, fijando para el 6 de febrero la vista preliminar en la que se concretarán las cuestiones procesales antes del juicio. La Sala baraja celebrar la vista principal después de Semana Santa, previsiblemente en abril.
Esta causa, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia de COVID-19 y el cobro de comisiones ilegales, supone el primer juicio por corrupción a un exmiembro del Gobierno de Pedro Sánchez. El Supremo ha decidido acelerar los plazos ante la relevancia pública del caso y la gravedad de los delitos imputados.
La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama, al atribuirles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan la petición hasta 30 años de cárcel para Ábalos y su exasesor, mientras que mantienen siete años para el empresario.
Entre los testigos citados figuran cargos de primer nivel del Ejecutivo y del PSOE, como el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, la exministra Reyes Maroto, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y la presidenta del Senado, Francina Armengol. Sus declaraciones se consideran claves para esclarecer la cadena de decisiones en la contratación investigada.
Aunque Sánchez se ha desvinculado públicamente de Ábalos, el procedimiento podría arrojar nueva luz sobre su relación política y personal, después de que el hijo del exministro haya sostenido en entrevistas recientes que ambos mantenían una relación muy estrecha.
En paralelo al procedimiento en el Supremo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa analizando el material incautado a Leire Díez, conocida como la “fontanera del PSOE”, en una pieza separada que también implica al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. La Audiencia Nacional ha prorrogado el secreto de sumario un mes más para permitir el examen de la documentación intervenida en más de 20 registros.
El calendario judicial del entorno de Sánchez se intensifica este año: además del juicio por las mascarillas, el 28 de mayo está previsto que se siente en el banquillo el hermano del presidente del Gobierno, en otra causa distinta que también mantiene la atención mediática y política.
