El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la ley de amnistía a ocho condenados por delitos de desobediencia o de desórdenes públicos relacionados con el procés y con las protestas celebradas tras la sentencia que condenó a sus responsables.
La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión mediante cuatro autos hechos públicos este viernes, en los que declara extinguida la eventual responsabilidad penal de los ocho condenados.
Roger Torrent, entre los beneficiados por la medida
Entre las personas amnistiadas figura el expresidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, condenado por un delito de desobediencia relacionado con el procés.
Junto a él también han sido amnistiados quienes fueron miembros de la Mesa del Parlament, Josep Costa i Roselló, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado Herreros, igualmente condenados por el mismo delito.
La decisión llega tras la sentencia del TJUE
La resolución del Tribunal Supremo se produce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara que la ley de amnistía se ajusta al derecho comunitario.
Según esa sentencia, la norma no afecta a los intereses financieros comunitarios ni contraviene la legislación europea sobre terrorismo, al considerar que "facilita la reconciliación".
También quedan amnistiados dos condenados por los disturbios de Girona
La decisión del Alto Tribunal alcanza igualmente a dos condenados por participar en los disturbios registrados durante la madrugada del 19 de octubre de 2019 en Girona, en el marco de las movilizaciones contra la sentencia del procés.
Los dos acusados participaron junto a otras trescientas personas en aquellas protestas y fueron condenados por la Audiencia de Girona a un año y medio de prisión.
El antecedente del recurso ante el Tribunal Constitucional
El texto recuerda que en 2024 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó un auto por el que llevó por primera vez la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional.
Aquella decisión se produjo en el contexto del recurso presentado por los dos condenados por desórdenes públicos, tras ser considerados responsables de lanzar adoquines contra la sede de los juzgados de Girona después de la sentencia del procés dictada en 2019.
