El Tribunal Supremo ha solicitado este jueves información económica y financiera al Congreso de los Diputados, al PSOE, al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Milagro para completar los informes sobre los investigados Santos Cerdán y José Luis Ábalos. La decisión se recoge en un auto dictado por el magistrado instructor Leopoldo Puente, en respuesta a los oficios presentados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a principios de septiembre.
Los investigadores pretenden profundizar en los vínculos económicos entre Ábalos y su exasesor Koldo García, después de que el propio exministro de Transportes admitiera que este le pagaba algunos gastos personales, incluidos viajes y el alquiler de una vivienda en Marbella.
Pagos detectados por la UCO
La UCO ha localizado dos ingresos procedentes del PSOE a Koldo García, por importes de 1.435,40 euros en mayo de 2018 y 2.542,46 euros en septiembre de 2019, aunque todavía no se ha esclarecido la naturaleza de dichos pagos.
El magistrado considera imprescindible aclarar si esos abonos estaban destinados a gastos propios de Koldo y su familia o si, por el contrario, respondían a servicios vinculados a Ábalos.
La investigación también alcanza a la esposa de Koldo, Patricia Uriz, y a su hermano Joseba, que podrían haber participado en operaciones económicas relacionadas con el caso. Por ello, el juez ha reclamado al PSOE información detallada sobre todas las operaciones económicas realizadas con estas tres personas, incluyendo cuotas, donaciones, retribuciones y gastos.
Discrepancias en el caso de Santos Cerdán
En paralelo, la UCO ha identificado inconsistencias en las percepciones económicas de Santos Cerdán. Según la Agencia Tributaria, el actual secretario de Organización del PSOE habría recibido del Congreso 543.656,84 euros entre 2014 y 2024, una cifra que no coincide con las cantidades realmente ingresadas de forma directa por la Cámara Baja.
El instructor del caso considera necesario aclarar estas discrepancias para determinar si existe algún indicio de irregularidad en la gestión económica vinculada al parlamentario.
Con estas diligencias, el Supremo busca reforzar la base documental antes de avanzar en la investigación, que sigue centrándose en los posibles beneficios económicos derivados de la llamada “trama Koldo”.
