La Audiencia Provincial de Madrid juzga este miércoles a un hombre acusado de estafar más de 72.000 euros en consumiciones en dos conocidas discotecas de la capital tras ganarse la confianza de los responsables de los locales y presentar justificantes falsos de transferencias bancarias.
La Fiscalía solicita para el procesado cinco años de prisión, una multa de 3.000 euros y el pago de una indemnización de 72.355 euros a la empresa propietaria de los establecimientos por el perjuicio económico causado.
Un cliente habitual que ganó la confianza del local
Según el escrito del Ministerio Público, el acusado, un español de 27 años identificado como M.H.R., era cliente habitual de las discotecas Opium y Shoko. A comienzos de 2024 logró consolidar una relación de confianza con el personal, al que convenció de la solvencia económica de su actividad profesional.
En un primer momento abonó sus consumiciones con normalidad, incluso una factura de 2.725 euros, lo que llevó a los responsables del local a considerarlo un cliente fiable y permitirle el pago aplazado mediante una cuenta de cobro, sin exigir el abono inmediato tras cada pedido.
Transferencias que nunca llegaron
Durante los meses de enero y febrero de 2024, el acusado aseguró que realizaría los pagos por transferencia bancaria. Para justificarlo, mostraba comprobantes que supuestamente acreditaban las operaciones, aunque estas nunca se hicieron efectivas en las cuentas de la empresa.
Cuando los responsables detectaron la ausencia de ingresos y se lo comunicaron, el procesado atribuyó el problema a incidencias bancarias derivadas del alto importe de las operaciones y prometió regularizar la situación.
El fraude se prolongó durante semanas, con consumos diarios que oscilaron entre 1.000 y 25.795 euros en una sola jornada, según detalla la Fiscalía.
Descubierto y reconocido ante la Policía
La estafa salió a la luz definitivamente en la discoteca Shoko, donde al comprobarse el impago se dio aviso a la Policía. Ante los agentes, el acusado reconoció haber falsificado los justificantes de transferencia, aunque manifestó su intención de saldar la deuda.
El caso llega ahora a juicio, donde la Fiscalía sostiene que el acusado actuó con ánimo de lucro y engaño continuado, aprovechando la confianza generada para obtener consumiciones de alto valor sin abonar su coste.
