El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un recurso ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo contra la fianza que le impuso el magistrado Ángel Hurtado en el procedimiento judicial que investiga la presunta revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador.
La Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, ha solicitado que la medida sea anulada al considerar que no se ajusta a derecho o, en su defecto, que sea reducida.
De 150.000 a 75.000 euros
En un primer momento, Hurtado había establecido la fianza en 150.000 euros, cantidad que el fiscal general cubrió mediante un aval hipotecario sobre parte de su patrimonio al no disponer de la suma en metálico. Sin embargo, el magistrado corrigió posteriormente la cifra a 75.000 euros al detectar que había incluido indebidamente el concepto de una posible multa, lo que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, supondría anticipar una condena.
La decisión de rebajar la fianza llegó un día después de que García Ortiz hubiera formalizado el depósito inicial, lo que generó controversia en torno a la adecuación de la medida.
La acusación de González Amador desistió de elevarla
Por su parte, la acusación popular ejercida por González Amador había recurrido para que la fianza se elevara a 300.000 euros, únicamente en concepto de indemnización por daños morales. No obstante, terminó retirando su recurso al considerar que la garantía hipotecaria presentada por García Ortiz duplicaba la cantidad inicial exigida, haciendo innecesaria la elevación de la cuantía.
Con el recurso presentado ahora, la defensa de García Ortiz pretende que la Sala de Apelación clarifique los criterios sobre la fijación de la fianza en este procedimiento, cuyo trasfondo es la supuesta filtración a la prensa de un correo de la defensa de González Amador en el marco de su investigación por delitos fiscales.
