Un estudio sobre instituciones, envejecimiento y equidad intergeneracional sostiene que España afronta un desafío sin precedentes derivado del agotamiento del dividendo demográfico, el envejecimiento de la población y un sistema institucional diseñado para una realidad demográfica diferente.
El trabajo defiende que el principal obstáculo para garantizar la equidad entre generaciones no es económico, sino institucional, al considerar que las actuales reglas políticas y del Estado del bienestar favorecen de forma estructural a las generaciones de mayor edad y dificultan la adopción de decisiones orientadas al largo plazo.
Según el análisis, sin mecanismos que corrijan este desequilibrio ningún pacto intergeneracional podrá mantenerse de forma duradera.
El agotamiento del dividendo demográfico cambia el escenario económico
El estudio señala que España ha agotado el denominado dividendo demográfico, entendido como el impulso al crecimiento económico derivado de contar con una población en edad de trabajar proporcionalmente mayor.
Durante las últimas décadas del siglo XX, este fenómeno favoreció el crecimiento económico gracias a la incorporación de las generaciones del baby boom al mercado laboral y a la llegada de inmigración. Sin embargo, el documento sostiene que esa dinámica ha cambiado y que el componente demográfico ha pasado de impulsar el crecimiento a limitarlo.
Aunque la inmigración ha contribuido a amortiguar parcialmente ese deterioro, el análisis indica que las proyecciones mantienen una evolución negativa del dividendo demográfico durante las próximas décadas.
La productividad pasa a ser el principal motor de crecimiento
El documento concluye que, una vez agotado el efecto positivo de la demografía, la productividad se convierte en la principal palanca de crecimiento económico.
No obstante, advierte de que el propio envejecimiento también dificulta ese objetivo, al reducir el peso de las generaciones más jóvenes en el mercado laboral y retrasar su emancipación, factores que, según el estudio, afectan al dinamismo innovador y al potencial de crecimiento.
Asimismo, plantea que la inteligencia artificial podría modificar parcialmente este escenario, aunque considera que todavía no existe evidencia suficiente para determinar cuál será su impacto neto sobre la productividad.
El envejecimiento incrementa la presión sobre el Estado del bienestar
El análisis sostiene que el envejecimiento no solo condiciona el crecimiento económico, sino también la financiación del Estado del bienestar.
Las proyecciones recogidas en el documento apuntan a un aumento continuado de la tasa de dependencia de las personas mayores, acompañado de un incremento del gasto destinado a pensiones, sanidad y atención a la dependencia.
Según el estudio, el envejecimiento no constituye un fenómeno temporal, sino una tendencia estructural, lo que incrementará la presión sobre las cuentas públicas durante las próximas décadas.
Un electorado cada vez más envejecido modifica los incentivos políticos
Uno de los ejes centrales del trabajo es el análisis de la denominada demografía política.
El documento explica que el progresivo envejecimiento del electorado modifica los incentivos de los partidos políticos, ya que aumenta el peso de los votantes de mayor edad frente a las generaciones jóvenes.
El estudio recuerda que en 2017 el número de ciudadanos mayores de 64 años con derecho a voto superó por primera vez al de los menores de 35 años, un cambio que considera determinante para comprender la evolución de las prioridades políticas.
Asimismo, sostiene que los jóvenes cuentan con menor representación efectiva debido a varios factores, entre ellos su menor peso demográfico, una participación electoral inferior, la diversidad de sus demandas y unos hábitos informativos distintos.
El estudio propone un nuevo contrato intergeneracional
Como respuesta al diagnóstico, el trabajo plantea la necesidad de impulsar un nuevo contrato intergeneracional basado en varias líneas de actuación.
La primera consiste en reforzar la representación política de las generaciones jóvenes y futuras mediante diferentes mecanismos institucionales, entre ellos la posibilidad de rebajar la edad de voto a los 16 años, incorporar representantes de las generaciones futuras en órganos de decisión y establecer memorias de impacto intergeneracional para las nuevas normas.
También plantea la creación de mecanismos de democracia deliberativa con representación generacional para aquellas decisiones con efectos a largo plazo.
Reglas fiscales con perspectiva generacional
El estudio propone incorporar reglas fiscales con perspectiva intergeneracional para evitar que las decisiones actuales trasladen costes a las generaciones futuras.
En este sentido, defiende mantener el principio de estabilidad presupuestaria y plantea una regla adicional basada en la simetría del gasto público.
Según esta propuesta, cada incremento del gasto destinado principalmente a las personas mayores debería ir acompañado de un aumento equivalente en inversiones orientadas al futuro, como educación, investigación, vivienda, infancia o políticas activas de empleo, sin recurrir al endeudamiento para financiar dichas partidas.
Adaptar el Estado del bienestar a una sociedad más longeva
El documento también propone adaptar el Estado del bienestar a la nueva realidad demográfica mediante una reforma del sistema de pensiones y de la organización de la jubilación.
Entre las medidas planteadas figura favorecer una jubilación más flexible y gradual, permitiendo una transición progresiva entre la actividad laboral y la retirada definitiva.
Asimismo, el estudio plantea recuperar mecanismos de ajuste vinculados a la esperanza de vida, desarrollar plenamente la cobertura de la dependencia y potenciar sistemas complementarios de ahorro para la jubilación mediante la adhesión automática a planes de empleo.
Reorientar el gasto hacia las generaciones futuras
El análisis concluye que adaptar el Estado del bienestar no implica reducir su protección, sino reorganizar sus prioridades para responder al nuevo contexto demográfico.
En este sentido, sostiene que los recursos liberados deberían destinarse prioritariamente a educación infantil, investigación, innovación, infraestructuras productivas y políticas dirigidas a mejorar las oportunidades de las generaciones más jóvenes.
El trabajo defiende que garantizar la equidad entre generaciones requiere actuar simultáneamente sobre las instituciones, las reglas fiscales y el diseño del Estado del bienestar, con el objetivo de incorporar el largo plazo en la toma de decisiones públicas y equilibrar las oportunidades entre generaciones.
