El Gobierno ha puesto sobre la mesa la creación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo o hija menor de 18 años, una medida que pretende convertirse en uno de los pilares del sistema de protección social y que busca reducir de forma significativa la pobreza infantil en España antes de 2030.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado el espíritu de la iniciativa en términos claros: “no es una ayuda, es un derecho de ciudadanía igual para todos, como la sanidad, la educación o las pensiones”. El objetivo es que todas las familias reciban la prestación, independientemente de su nivel de ingresos, garantizando una cobertura universal.
Una ayuda para todas las familias, con ajuste fiscal posterior
La propuesta contempla un modelo universal con corrección vía impuestos. Según el planteamiento del ministerio:
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Todas las familias recibirían 200 euros al mes por cada menor a cargo.
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Las familias vulnerables cobrarían la ayuda de forma directa e inmediata.
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Los hogares con rentas medias o altas devolverían total o parcialmente la prestación en la declaración de la renta.
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Las rentas más altas asumirían una mayor contribución fiscal para sostener el sistema.
El único requisito básico sería acreditar la residencia en España y la existencia de menores a cargo, mediante documentación como el empadronamiento y el libro de familia.
En términos económicos, la medida supondría un coste anual cercano a los 18.000–19.000 millones de euros, equivalente a algo más de un mes del gasto en pensiones contributivas.
El objetivo: reducir la pobreza infantil
El Ejecutivo plantea esta prestación como una herramienta estructural contra la desigualdad. Según estimaciones de organismos internacionales, una ayuda de este tipo podría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y reducir la tasa de pobreza infantil en varios puntos porcentuales.
El proyecto, sin embargo, depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que todavía no existe una fecha concreta para su puesta en marcha.
Un modelo ya implantado en Europa
La prestación universal por hijo no es una novedad en el entorno europeo. La mayoría de los países de la Unión Europea cuentan desde hace años con sistemas similares:
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Alemania: el Kindergeld, una asignación mensual por hijo sin límite de ingresos.
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Suecia: el barnbidrag, pago automático a todas las familias.
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Irlanda: el Child Benefit, ayuda universal para menores.
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Francia y Bélgica: sistemas amplios de asignaciones familiares.
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Polonia, Países Bajos o Finlandia: transferencias periódicas que cubren a casi todas las familias.
Estos modelos buscan aliviar los costes de crianza, fomentar la natalidad y reducir la pobreza infantil, objetivos que el Gobierno español pretende replicar.
Una medida con impacto social y debate político
La propuesta ha sido una reivindicación histórica de Sumar y se enmarca en una estrategia más amplia de refuerzo del Estado del bienestar. No obstante, existen dudas sobre su calendario, su financiación definitiva y su continuidad futura, condicionada al contexto presupuestario y político.
Aun así, el Ejecutivo defiende que la prestación universal por crianza supondría un cambio estructural en el apoyo público a las familias, alineando a España con las políticas familiares más extendidas en Europa.
