La decisión se fundamenta en la vulneración de competencias autonómicas, según informó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Madrid mantiene firme su postura contra el reparto obligatorio
El recurso judicial se suma a los dos anteriores interpuestos por la Comunidad de Madrid en relación con la gestión de menores inmigrantes no acompañados:
- Primer recurso ante el Tribunal Constitucional: presentado conjuntamente con otras 10 comunidades autónomas contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo, alegando invasión de competencias exclusivas en materia de protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y uso inadecuado de un instrumento legal para regular materias de leyes orgánicas.
- Segundo recurso ante el Tribunal Supremo: presentado en solitario el 30 de julio contra el Decreto de desarrollo aprobado el 22 de julio, que regula medidas para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria desde Canarias.
García Martín ha subrayado que el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que sustenta este nuevo recurso, fue remitido hoy al Consejo de Gobierno para su validación antes de la presentación ante el Supremo.
Exigencias de transparencia al Gobierno central
Más allá de las acciones judiciales, la Comunidad de Madrid ha exigido al Ejecutivo central la remisión urgente de toda la información utilizada para elaborar el reparto de menores no acompañados. La región considera que el procedimiento es arbitrario, opaco y discriminatorio, y reclama claridad sobre los criterios que justifican la asignación de menores a todas las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Cataluña.
Competencias autonómicas y protección del menor
El Gobierno regional insiste en que la protección de los menores inmigrantes es una competencia autonómica y que cualquier medida estatal debe respetar la autonomía de las comunidades en materia de servicios sociales y protección de la infancia. Según García Martín, se trata de garantizar que las decisiones se adopten con transparencia y criterios equitativos, evitando imposiciones que puedan afectar al bienestar de los menores.
