El Gobierno ha dado luz verde a una de las principales reivindicaciones del sector público: la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), que comenzará a aplicarse a partir de la primera quincena de abril.
Así lo ha anunciado el ministro de Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo se ha alcanzado con la mayoría sindical tras meses de negociación técnica.
Una medida histórica para más de 246.000 empleados públicos
La reducción de jornada afectará a más de 246.000 trabajadores públicos, incluyendo no solo funcionarios, sino también personal laboral y estatutario de la AGE.
Se trata de una medida incluida en el Acuerdo Marco firmado en 2022 y considerada por el Ejecutivo como “un hito histórico” en la mejora de las condiciones laborales del sector público.
La nueva jornada se establece en 35 horas semanales de promedio en cómputo anual, lo que equivale a 1.533 horas anuales de trabajo efectivo.
Adaptación progresiva en cada ministerio
Aunque la entrada en vigor será inminente, su aplicación no será uniforme en todos los ámbitos. Cada ministerio y organismo deberá adaptar turnos, horarios y servicios para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración.
En sectores con características específicas —como Instituciones Penitenciarias o servicios con turnicidad— la implantación requerirá negociaciones adicionales y ajustes progresivos.
Cambios en jornadas especiales
El acuerdo también contempla la adaptación de las jornadas con “especial dedicación”:
- Pasarán de 40 horas a 37,5 horas semanales
- Se mantendrán posibles prolongaciones de jornada por necesidades del servicio
- Los horarios especiales serán revisados para ajustarse al nuevo marco
Todo ello con el objetivo de compatibilizar la reducción horaria con la calidad de los servicios públicos.
Apoyo sindical mayoritario con matices
El acuerdo ha sido respaldado por organizaciones sindicales como CCOO y UGT, mientras que otros sindicatos han mostrado reservas sobre algunos aspectos del texto, especialmente en relación con las garantías de aplicación.
Las centrales sindicales han valorado positivamente la medida, destacando que supone un avance en conciliación laboral, productividad y bienestar de los empleados públicos.
No obstante, insisten en que será necesario reforzar plantillas y reorganizar servicios para evitar sobrecargas de trabajo.
Un reto para la organización del sector público
La implantación de la jornada de 35 horas plantea importantes desafíos organizativos. La diversidad de funciones dentro de la Administración obliga a diseñar soluciones específicas en cada ámbito.
Además, el proceso coincide con otros retos estructurales, como:
- El envejecimiento de las plantillas
- La previsión de jubilaciones masivas en la próxima década
- La necesidad de modernizar la gestión pública
Modernización y mejora de las condiciones laborales
El Ejecutivo enmarca esta medida dentro de una estrategia más amplia de modernización de la Administración, orientada a mejorar la eficiencia, adaptar las condiciones laborales y reforzar la calidad del servicio público.
La reducción de jornada marca un cambio relevante en el modelo laboral del sector público, que ahora deberá encontrar el equilibrio entre menos horas de trabajo, mayor productividad y mantenimiento de la atención al ciudadano.
La aplicación efectiva en los próximos meses será clave para evaluar el impacto real de esta reforma en el funcionamiento de la Administración.
