El Gobierno de España ha decidido rechazar la tramitación de los expedientes de repatriación de 88 menores migrantes no acompañados solicitados por la Comunidad de Madrid, alegando falta de garantías jurídicas y administrativas para proceder a su retorno a los países de origen. La decisión ha sido trasladada por la Delegación del Gobierno en Madrid al Ejecutivo autonómico.
Desde el Gobierno central se insiste en que debe prevalecer el interés superior del menor, motivo por el que se ha optado por no iniciar los procedimientos solicitados por la Comunidad, tal y como establece la normativa vigente en materia de protección de menores.
El Gobierno alega falta de informes para iniciar el procedimiento
Fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado que la decisión se debe a la ausencia de los informes necesarios de embajadas y consulados de los países de origen, documentación imprescindible para iniciar los expedientes de repatriación.
Según han señalado, la Delegación ha comunicado oficialmente a la Comunidad de Madrid la decisión de no incoar los procedimientos, en cumplimiento de la legislación y con el objetivo de garantizar la protección y los derechos de los menores afectados.
Además, desde el Ejecutivo central han criticado la postura del Gobierno autonómico, señalando que la prioridad debe ser la tutela y la protección de los menores.
La Comunidad eleva a 88 los casos solicitados
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid había solicitado inicialmente la repatriación de 56 menores a finales de 2025, argumentando dificultades en su integración en los centros de protección.
Sin embargo, el Ejecutivo regional ha ampliado posteriormente el número de expedientes hasta 88 menores migrantes no acompañados, a los que atribuye comportamientos graves, consumo de sustancias y problemas importantes de adaptación en los recursos de acogida.
El Gobierno autonómico considera que la situación está generando tensiones en el sistema de protección de menores y ha insistido en que el retorno sería la solución adecuada en determinados casos.
Madrid acusa al Gobierno de eludir responsabilidades
Desde la Consejería que dirige Ana Dávila han criticado la decisión del Ejecutivo central, acusando al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de no iniciar siquiera los procedimientos que permitirían evaluar cada caso.
El Ejecutivo regional sostiene que los informes consulares que reclama la Delegación deben ser solicitados por el propio Gobierno central, por lo que considera que la negativa supone bloquear el proceso antes de que la Fiscalía pueda pronunciarse.
Además, la Comunidad de Madrid ha advertido que hará responsable al Gobierno de cualquier incidente que puedan protagonizar estos menores, ya sea contra ciudadanos, contra otros menores o contra profesionales de los centros de protección.
Según el Ejecutivo autonómico, mantener a estos jóvenes en los centros podría poner en riesgo el funcionamiento del sistema de protección de la infancia, debido a las dificultades que aseguran estar registrando en algunos casos.
Un nuevo choque institucional sobre la gestión migratoria
La decisión vuelve a evidenciar las diferencias entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en la gestión de los menores migrantes no acompañados.
Mientras el Ejecutivo estatal insiste en priorizar el interés del menor y cumplir con las garantías legales internacionales, el Gobierno regional reclama medidas que permitan aliviar la presión sobre los recursos de protección y actuar en los casos más problemáticos.
El conflicto se produce en un contexto de debate político creciente sobre la gestión de la migración y el sistema de acogida de menores en distintas comunidades autónomas.
