El Gobierno ha respondido a las preocupaciones sobre posibles ciberataques dirigidos a infraestructuras electorales señalando que, aunque existen amenazas en el ámbito digital, hasta el momento no se ha registrado ninguna incidencia que haya alterado el normal funcionamiento de los procesos electorales en territorio español.
Según fuentes gubernamentales, los servicios de inteligencia y seguridad trabajan de forma permanente en la detección, análisis y neutralización de amenazas tecnológicas que pudieran tener como objetivo los sistemas de votación o de gestión de datos asociados a elecciones. Esta labor preventiva, sostienen, ha permitido evitar que ataques externos afecten la integridad de los comicios y la confianza ciudadana en los resultados.
El Ejecutivo ha subrayado que protección del sistema democrático y de los procesos electorales constituye una prioridad estratégica dentro de las políticas de ciberseguridad nacionales, en coordinación con organismos europeos e internacionales. Los esfuerzos se centran tanto en blindar los sistemas informáticos como en fomentar la cooperación público-privada para anticipar y responder a posibles vulnerabilidades.
Además, se ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre administraciones, empresas tecnológicas y expertos en seguridad digital para reforzar la resiliencia del sistema frente a amenazas complejas y persistentes que evolucionan en un contexto global.
Con este posicionamiento, el Gobierno busca transmitir certidumbre de que, pese a los numerosos intentos de intrusión que pueden registrarse a nivel global y la higiene digital cada vez más sofisticada de grupos maliciosos, los mecanismos de protección implantados han demostrado su eficacia en el ámbito electoral español hasta la fecha.
