El Gobierno de España ha asegurado este sábado que los problemas en la migración de datos entre las empresas encargadas de gestionar las pulseras telemáticas para maltratadores nunca comprometieron la seguridad de las víctimas de violencia de género.
Fuentes gubernamentales han explicado que las incidencias se produjeron durante la transición de adjudicatario entre Telefónica y Vodafone con Securitas (2023-2024), lo que provocó retrasos en la llegada de algunos datos a los juzgados. Sin embargo, recalcan que el sistema alertó siempre a las víctimas en situaciones de riesgo y que, gracias a ello, ninguna mujer con dispositivo fue asesinada en 2022, 2023 o 2024.
Funcionamiento del sistema
El sistema Cometa, creado en 2009, cuenta actualmente con 4.500 dispositivos activos y una cobertura de 8.600 personas (víctimas y agresores). La sala de control funciona las 24 horas, siete días a la semana, con más de un centenar de operadores en coordinación con jueces y fuerzas de seguridad.
El contrato actual asciende a 42,6 millones de euros por tres años e incluye móviles inteligentes con botón de pánico para las víctimas y pulseras resistentes para los agresores. Además, la nueva plataforma permite gestionar casos múltiples, reduce la estigmatización y utiliza tecnología alternativa al GPS para garantizar la localización.
Críticas de la oposición y asociaciones
Pese a las garantías del Ejecutivo, la controversia política no ha cesado. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien tacha de “negligente e incapaz”. Su partido ha llevado el caso a la Comisión Europea, al considerar que se han vulnerado hasta “cuatro directivas comunitarias”.
Tellado, en tono crítico, llegó a afirmar que el Gobierno compró las pulseras “en AliExpress”, algo que fuentes oficiales niegan categóricamente, defendiendo la calidad y resistencia de los dispositivos actuales.
Por su parte, la Asociación de Mujeres Juristas Themis sostiene que durante varios meses de 2024 sí se produjo una desprotección real, ya que los fallos en la migración de datos impidieron probar judicialmente ciertos quebrantamientos de condena. Según su portavoz, Ángela Alemany, esa situación derivó en absoluciones y sobreseimientos, lo que “dejó a mujeres expuestas sin las pruebas necesarias para demostrar el incumplimiento de las órdenes de alejamiento”.
El debate sigue abierto
Mientras el Ejecutivo insiste en que la seguridad nunca estuvo en riesgo, organizaciones de mujeres alertan de que las incidencias judiciales afectaron directamente a la confianza de las víctimas en el sistema. El Gobierno recuerda, sin embargo, que el problema quedó resuelto a finales de 2024 y que en lo que va de 2025 no se han registrado nuevas incidencias.
La polémica refleja el choque entre la versión oficial, que subraya la eficacia de los dispositivos, y la de asociaciones feministas y parte de la oposición, que advierten de que los errores administrativos pueden traducirse en una pérdida de protección efectiva para las mujeres.
