La sociedad civil española ha elevado a la Comisión Europea una advertencia inédita: treinta asociaciones han enviado una carta al comisario de Justicia, Michael McGrath, denunciando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaría condicionando públicamente el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía. La misiva, a la que ha tenido acceso El Diario de Madrid, describe una “deriva institucional sin precedentes” y reclama una supervisión urgente de Bruselas para garantizar la separación de poderes en España.
La iniciativa, encabezada por un grupo amplio y transversal de entidades ciudadanas, subraya que no se trata de un conflicto político interno, sino de un asunto que afecta directamente al Estado de derecho europeo. Por ello solicitan que McGrath remita el contenido al presidente del TJUE, a los jueces del Tribunal y al abogado general.
Un punto de inflexión: la comparecencia de Sánchez en Moncloa
El detonante de este movimiento fue la comparecencia de Pedro Sánchez el pasado lunes, durante la presentación del informe anual de rendición de cuentas en Moncloa. En esa intervención, el presidente afirmó que la Ley de Amnistía “ha sido ya validada” por la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y el abogado general del TJUE.
Según los firmantes, estas declaraciones presentan como cerrado un debate que sigue plenamente vivo tanto en Luxemburgo como en los tribunales españoles. Lo consideran una “intromisión directa” en el análisis que debe efectuar el TJUE sobre varias cuestiones prejudiciales relativas a la amnistía, planteadas por tribunales españoles en causas por malversación, terrorismo y protección de los intereses financieros de la Unión.
La carta califica estas palabras de “extremadamente graves”, porque, en su opinión, “siembran un relato destinado a predisponer el fallo europeo” y trasladan a la ciudadanía la idea de que las instituciones europeas ya han avalado la ley cuando esto, subrayan, “no es cierto en absoluto”.
Qué dicen realmente las instituciones europeas
Las organizaciones señalan que las afirmaciones de Sánchez simplifican y desvirtúan la posición de las instituciones europeas:
La Comisión de Venecia
El órgano consultivo del Consejo de Europa emitió un informe en marzo de 2024 donde, si bien no declaraba inconstitucional la propuesta, advertía de importantes riesgos para el Estado de derecho. Reclamaba un consenso político mucho más amplio, una delimitación más precisa del alcance material de la amnistía y garantías reforzadas para evitar percepciones de impunidad.
La Comisión Europea
En la vista celebrada ante el TJUE por una de las cuestiones prejudiciales, los abogados de la Comisión expresaron dudas sustanciales sobre la ley, llegando a considerarla una “posible autoamnistía” vinculada a acuerdos políticos de investidura y cuestionando que persiguiera un objetivo de interés general. Estas consideraciones distan del “aval” que, según Sánchez, habría otorgado Bruselas.
El abogado general del TJUE
El dictamen emitido en noviembre por Dean Spielmann no es vinculante. Aunque reconoce el margen de apreciación de los Estados para aprobar amnistías, no entra a validar su diseño concreto y deberá ser el Tribunal, en su sentencia, quien determine la compatibilidad de la norma con el derecho europeo. Presentar este informe como una ratificación definitiva “es falso y jurídicamente improcedente”, dicen las asociaciones.
Acusación de un patrón de interferencia institucional
Más allá de las declaraciones sobre la amnistía, la misiva denuncia un “patrón continuado” de injerencias del Ejecutivo en el ámbito judicial. Entre los ejemplos mencionados figura la defensa reiterada por parte de Sánchez de la inocencia del fiscal general del Estado en un proceso penal, tanto antes como durante y después del juicio. Las asociaciones sostienen que esta conducta supone una “quiebra” de los principios europeos de neutralidad institucional.
Asimismo, recuerdan que durante la última legislatura se eliminaron o modificaron delitos directamente relacionados con el procés —como la sedición o la malversación agravada— y que la ley de amnistía fue pactada con partidos cuyos líderes fueron condenados o procesados por el Tribunal Supremo. Todo ello, dicen, “conforma un escenario que compromete la igualdad ante la ley y la independencia judicial”.
Un Tribunal Constitucional en el centro del debate
Las entidades expresan también preocupación por el papel del Tribunal Constitucional, que avaló la mayor parte de la ley con una mayoría ajustada. Critican que no tuviera en cuenta los argumentos planteados por la Comisión Europea ante el TJUE, especialmente aquellos que advertían de la posible vulneración de los intereses financieros de la Unión. El reproche se dirige directamente a la presidencia del órgano y a lo que consideran una “interpretación política” del control de constitucionalidad.
Junto a esto, la carta subraya que prácticamente todos los cuerpos jurídicos de España —asociaciones de jueces y fiscales, colegios profesionales, órganos consultivos y académicos— han emitido informes críticos con la norma. Muchas de estas evaluaciones cuestionan su encaje constitucional y su compatibilidad con los estándares europeos.
Qué solicita la sociedad civil a Bruselas
La carta plantea cuatro peticiones principales:
- Que el comisario McGrath analice la documentación adjunta —más de 70 informes, dictámenes y resoluciones— en el ejercicio de su responsabilidad sobre el Estado de derecho en los Estados miembros.
- Que se remita esta información al TJUE, para garantizar que el Tribunal tenga acceso a una visión completa del debate jurídico español.
- Que se examine si las manifestaciones del presidente del Gobierno pueden interpretarse como una presión política impropia sobre una institución judicial de la Unión.
- Que se supervise la situación española dentro del marco del Rule of Law Report, el mecanismo europeo que evalúa la separación de poderes, independencia judicial y calidad institucional.
Para sus firmantes, la preocupación no es retórica: advierten de que España podría estar entrando en una etapa de deterioro institucional con consecuencias directas para el conjunto de la Unión.
Europa observa: un fallo que marcará un antes y un después
El TJUE deberá resolver en los próximos meses cuestiones claves que determinarán los límites del margen de un Estado miembro para aprobar amnistías amplias en contextos de negociación política. Su sentencia tendrá efectos no solo en España, sino en la arquitectura del Estado de derecho europeo.
McGrath, recién llegado a la cartera de Justicia de la Comisión, afronta su primera gran prueba en un contexto en el que Bruselas examina con creciente detalle la calidad democrática de los Estados miembros. La situación española, hasta ahora considerada estable, empieza a generar preocupación en algunos ámbitos comunitarios.
Mientras tanto, las asociaciones firmantes reivindican su papel como contrapeso ciudadano y alertan de que la estabilidad democrática “depende de que los poderes del Estado mantengan sus límites y de que Europa actúe cuando estos se ponen en duda”.
“Lo que está en juego no es una ley ni un acuerdo político”, concluyen en la carta. “Lo que está en juego es la credibilidad del Estado de derecho en España y, por extensión, en la Unión Europea”.
