El Ministerio Público ha remitido al departamento liderado por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres una petición formal para que se adopten medidas administrativas que impidan el acceso desde territorio español a los contenidos de 13 páginas web de empresas establecidas fuera de la Unión Europea que publicitan y realizan prácticas comerciales vinculadas a la gestación subrogada, también conocida como vientres de alquiler.
Las diligencias se han tramitado en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, a raíz de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y con la intervención del Defensor del Pueblo, que han señalado la persistencia de la presencia de este tipo de servicios en la Red.
La Fiscalía fundamenta su petición en la necesidad de proteger el derecho fundamental a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, frente a prácticas que considera comerciales e ilegales en España. El escrito incluye la solicitud de la interrupción de la prestación del servicio o la retirada de esos contenidos, así como la suspensión del acceso a los mismos por parte de los intermediarios de Internet si fuera procedente.
Aunque la gestación subrogada no está permitida en España, estos servicios siguen siendo promocionados en webs que operan desde países no comunitarios, como Estados Unidos, Ucrania, Grecia, México o Colombia, lo que ha motivado estas actuaciones fiscales. En noviembre pasado, la Fiscalía ya logró el cierre temporal de tres de estas páginas web por publicidad ilícita relacionada con la subrogación.
La solicitud no determina de forma automática el bloqueo de los sitios, ya que corresponde ahora al Ministerio de Igualdad valorar y tramitar la propuesta administrativa, pudiendo, en su caso, remitirla a una resolución judicial si se detecta afectación de derechos como la libertad de expresión o información.
