Los datos de asilo correspondientes a 2024 reflejan que España fue el segundo país de la Unión Europea con mayor número de primeras solicitudes de protección internacional, solo por detrás de Alemania. El aumento sostenido de peticiones ha puesto de relieve la presión que soportan los sistemas nacionales de acogida y tramitación, especialmente en los Estados que actúan como principales puntos de entrada o destino dentro del espacio comunitario.
Esta realidad evidencia algunos de los retos estructurales del sistema europeo común de asilo, entre ellos la desigual distribución de responsabilidades entre los Estados miembros, la lentitud de los procedimientos y la falta de criterios plenamente homogéneos en la resolución de los expedientes. A estas dificultades se suma la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas solicitantes en un contexto de elevada demanda y recursos limitados.
En este escenario, el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo pretende avanzar hacia un modelo más coordinado, con mecanismos de solidaridad entre países y procedimientos más ágiles y uniformes. No obstante, su aplicación práctica plantea interrogantes sobre la capacidad real de los Estados para cumplir los plazos, asumir compromisos de reubicación y reforzar las garantías jurídicas en frontera y durante la tramitación de las solicitudes.
Junto a las reformas normativas, cobra especial relevancia el uso de la jurisprudencia como herramienta para mejorar la calidad y coherencia de las decisiones en materia de asilo. Iniciativas como el Proyecto IMPACt (Improving Access to EU Asylum Case Law) buscan facilitar el acceso a resoluciones judiciales relevantes en el ámbito europeo, permitiendo que administraciones, jueces y profesionales del derecho cuenten con referencias claras y actualizadas.
Según explica la investigadora Nuria Ferré, del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, el conocimiento y la aplicación de la jurisprudencia europea y nacional pueden contribuir a reducir disparidades entre países, reforzar la seguridad jurídica y garantizar una protección más efectiva de las personas solicitantes. En un contexto de cifras récord, la correcta interpretación del derecho de asilo se perfila como un elemento clave para el futuro del sistema europeo.
