La medida, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, Elma Saiz, beneficiará potencialmente a unas 50.000 personas en toda España que padecen enfermedades que reducen significativamente su esperanza de vida.
La actualización de la normativa es fruto del trabajo de una comisión técnica en la que han participado el Imserso, sociedades científicas y el propio Cermi. El objetivo es ajustar la ley de 2009 a la realidad de las discapacidades orgánicas y enfermedades raras que, hasta ahora, quedaban fuera del marco de protección de la Seguridad Social para el retiro anticipado.
Nuevas patologías incluidas
Entre las 11 nuevas incorporaciones al anexo normativo destacan enfermedades con un alto impacto en la autonomía y la salud a largo plazo:
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Párkinson.
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Espina bífida.
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Lesión medular no traumática.
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Discapacidades orgánicas diversas.
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Enfermedades raras (dictaminadas por su baja esperanza de vida).
Requisitos y plazos de aplicación
Para acceder a esta modalidad de jubilación, se mantiene el requisito legal de acreditar 15 años cotizados, que al menos durante 5 años la persona se hayan visto afectada por alguna de estas patologías y que tenga una discapacidad igual o superior al 45%.
La tramitación administrativa se inicia de inmediato para modificar el Real Decreto vigente. Entrará en vigor antes del verano de 2026, previsiblemente, y será efectiva una vez aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Un aliado en la Seguridad Social
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, destacó durante la reunión que la Seguridad Social es el "dispositivo público que más transferencia de rentas hace a las personas con discapacidad", considerándola una aliada estratégica para las familias.
Por su parte, la ministra Elma Saiz subrayó que esta medida busca dotar de mayor equidad al sistema, reconociendo el esfuerzo laboral de quienes conviven con condiciones de salud especialmente gravosas.
