En un contexto en el que la reforma de la Ley de Economía Social se encuentra en pleno debate parlamentario, la Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha alzado la voz para reclamar una definición legal clara y diferenciada de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores esenciales de la Economía Social en España.
La AEF se suma así a la demanda liderada por organizaciones como CEPES, ONCE y CERMI, que ya han trasladado esta petición a los grupos parlamentarios con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley Integral de Economía Social en el Congreso de los Diputados.
“Los CEEIS representan un modelo empresarial con alma social. No buscan beneficios, sino transformar la vida de las personas con discapacidad a través del empleo digno y estable”, subraya la AEF en su posicionamiento público.
CEEIS frente a CEEIE: una diferencia clave
Actualmente, existen dos tipos de Centros Especiales de Empleo en España:
- Los CEEIS, promovidos por entidades sin ánimo de lucro —como fundaciones—, están obligados a reinvertir todos sus beneficios en su misión social: la integración laboral de personas con discapacidad.
- Los CEEIE, por el contrario, tienen ánimo de lucro y pueden distribuir beneficios, aunque empleen a personas con discapacidad.
Ambos modelos son legales y compatibles, pero la AEF reclama que se reconozca formalmente la especificidad del modelo social, tal como ya hacen diversos marcos europeos y sentencias judiciales. Este paso permitiría mayor acceso a financiación pública, contratos sociales y fondos europeos, en línea con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social.
Más obstáculos para las fundaciones: fiscalidad, financiación y contratación pública
La Asociación Española de Fundaciones también ha denunciado que, a día de hoy, muchas fundaciones siguen excluidas de convocatorias públicas por no ser consideradas PYMEs, a pesar de que el Derecho de la Unión Europea sí las reconoce como tales en función de su tamaño y volumen.
Además, la AEF ha identificado barreras normativas que impiden a estas entidades participar en Uniones Temporales de Empresa (UTEs) o en Agrupaciones de Interés Económico (AIEs), lo que limita su capacidad de concurrir a procesos de contratación pública, incluso cuando su experiencia y especialización las haría idóneas.
También se han propuesto enmiendas fiscales para corregir aspectos de la reforma de la Ley de Mecenazgo que, según denuncian, suponen “un paso atrás en lugar de un incentivo real para el impulso filantrópico”.
Una llamada a la acción para fortalecer la Economía Social
La AEF recuerda que la reforma de la Ley de Economía Social debe ser una oportunidad legislativa para impulsar de forma decidida a las entidades del Tercer Sector, y en especial a aquellas que, como los CEEIS, generan empleo estable para personas con discapacidad sin perseguir beneficio económico.
“Las fundaciones cumplen un papel insustituible en el ecosistema de la economía social. Ahora es el momento de reconocerlo con hechos legislativos y no solo con palabras”, concluye la organización.
