Las asociaciones mayoritarias de la carrera judicial y fiscal han emitido hoy un duro comunicado contra el Ministerio de Justicia por no haber practicado aún la detracción de haberes correspondiente a los días 1, 2 y 3 de julio, en los que jueces, magistrados y fiscales ejercieron su derecho a la huelga.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han firmado conjuntamente este pronunciamiento, en el que denuncian que la falta de descuentos salariales supone un incumplimiento legal por parte del Ministerio, que actúa como empleador y pagador.
Según las asociaciones, la situación contrasta con lo ocurrido en la anterior huelga de 2018, cuando los haberes fueron descontados automáticamente, "tal como establece la normativa vigente". Aseguran que ahora, pese a contar con los medios, antecedentes y herramientas necesarias, el Ministerio ha optado por no actuar, lo que consideran un intento de desinformación y manipulación.
"Pretender que la huelga no tuvo seguimiento aprovechando esta omisión administrativa es un burdo ejercicio de propaganda", señalan en el comunicado.
Derecho a la huelga, un derecho fundamental
Las asociaciones advierten de que el derecho a la huelga es un derecho fundamental protegido por la Constitución Española, y su ejercicio debe conllevar las consecuencias que establece la ley, incluida la detracción proporcional del salario de los días no trabajados. Alegan que no corresponde a los huelguistas solicitar de forma individual dicha detracción.
Asimismo, denuncian que el Ministerio ha utilizado declaraciones aisladas de algún miembro del poder judicial que pidió expresamente que se le descontaran los días para construir un relato mediático falso sobre un escaso seguimiento de la huelga, pese a los datos que el propio Ministerio aportó en su momento basados en actuaciones judiciales suspendidas.
“No aplicar la reducción de haberes no solo falsea el coste real de la movilización, sino que invisibiliza una protesta legítima y necesaria por una justicia más digna y eficaz”, critican los firmantes.
Además, advierten de que eludir esta obligación podría derivar en consecuencias legales, incluida una posible responsabilidad por una gestión irregular de fondos públicos.
Las asociaciones judiciales exigen al Ministerio de Justicia que rectifique de inmediato, cumpla con la ley y respete los derechos laborales de jueces, magistrados y fiscales como cualquier otro trabajador del Estado.
