En un contexto de creciente preocupación por la salud democrática en España, Amalio de Marichalar, conde de Ripalda y coordinador del movimiento cívico “De español a español por la Constitución”, ha sido recibido en el Parlamento Europeo por Sergio Alonso de León, consejero jurídico de la presidenta de la Eurocámara. En representación de 30 asociaciones de la sociedad civil de toda España, Marichalar ha trasladado un completo dossier de denuncias y demandas urgentes en defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y los valores constitucionales.
Durante la reunión, celebrada este miércoles en Bruselas, el coordinador expuso 15 puntos clave que, a su juicio, reflejan un proceso de degradación institucional sin precedentes en la democracia española. Entre las cuestiones abordadas destacan la aprobación de la ley de amnistía, calificada como “inconstitucional” por Marichalar, así como la “fagocitación” de instituciones como el Tribunal Constitucional, el CIS o RTVE, el “ataque sistemático a los jueces y medios libres”, y la “corrupción política que afecta directamente al entorno del presidente del Gobierno”.
Denuncias ante Europa por la deriva institucional en España
Marichalar defendió ante el Parlamento Europeo que la citada ley de amnistía, impulsada por el actual Ejecutivo, “rompe el principio de igualdad de los españoles, cuestiona la separación de poderes y responde a una negociación política con condenados y prófugos a cambio de votos para gobernar”. En este sentido, denunció que “desde hace 566 días se mantiene una manifestación diaria en Madrid y Burgos” contra esta norma, lo que considera “un ejemplo único de resistencia democrática en Europa”.
El coordinador entregó además documentación detallada sobre otros asuntos de especial gravedad, como la condonación de deuda a Cataluña, los vínculos con el Rusiangate, la exclusión del español en las aulas catalanas, la politización del Tribunal Constitucional o el presunto uso opaco de los fondos europeos.
También subrayó la necesidad de que las instituciones europeas actúen con firmeza para “exigir a España el cumplimiento efectivo de la Constitución y del Estado de Derecho”, advirtiendo de que la situación actual “sobrepasa incluso la capacidad de reacción de la oposición institucional”.
Un rosario de denuncias institucionales
Entre los temas abordados con el representante del Parlamento Europeo, De Marichalar denunció:
- La inconstitucionalidad de la ley de amnistía, aprobada con el apoyo de formaciones independentistas, “a cambio de impunidad política”, lo que según él socava la igualdad entre españoles y el principio de separación de poderes.
- El ataque a la independencia judicial y a la Corona, y la instrumentalización de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General o RTVE.
- La parálisis en la renovación del CGPJ, incumpliendo los estándares europeos sobre la elección de los jueces.
- Hasta 41 ataques concretos a la Constitución, enumerados uno por uno ante el consejero jurídico.
- La condonación de deuda a Cataluña, que rompe con el principio de igualdad territorial.
- Los vínculos con el denominado “Rusiangate” y la permisividad ante la malversación de fondos públicos durante el procés.
- La negativa del Gobierno a reconocer al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, avalado por el Parlamento Europeo.
- El abandono institucional tras la tragedia del incendio de Valencia, incluyendo la ausencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la respuesta humanitaria.
- La ocupación política de empresas estratégicas como Telefónica e Indra, consideradas por el activista como parte de una intervención estructural del aparato del Estado.
- La opacidad sobre el destino de los fondos Next Generation de la UE.
- La situación del español en Cataluña, tras la ausencia de la consejera catalana de Educación ante el Parlamento Europeo.
- La falta de respuesta institucional al incumplimiento de normas europeas sobre mínimos electorales para representación parlamentaria.
- La reinserción de condenados por terrorismo en listas políticas y la no resolución de más de 350 asesinatos de ETA.
- La corrupción vinculada al entorno del presidente del Gobierno, que ha merecido atención crítica de medios internacionales.
- La movilización cívica sin precedentes de más de 560 días consecutivos de protesta en Madrid y otras ciudades, incluyendo las recientes manifestaciones en Burgos, Colón (Madrid) y próximamente en Sevilla.
Peticiones a Europa: medidas extraordinarias y seguimiento
Entre las exigencias planteadas al Parlamento Europeo, Marichalar pidió:
- Un pronunciamiento oficial de la Eurocámara condenando la ley de amnistía y la degradación institucional en España.
- El traslado de sus demandas al resto de instituciones europeas con urgencia.
- La posibilidad de una visita de alto nivel de representantes europeos a distintas regiones españolas para “constatar la alarma social existente”.
- La revisión del uso de los fondos europeos y la suspensión de su entrega si se incumplen los principios democráticos.
- La exigencia del respeto a las normas europeas de transparencia, pluralismo político e independencia judicial.
El consejero jurídico reconoció la gravedad de la situación y se comprometió a dar seguimiento a lo expuesto. También expresó su comprensión ante las demandas ciudadanas trasladadas por Marichalar, quien agradeció especialmente la atención de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por facilitar este encuentro.
Una voz cívica por la democracia
“No pedimos privilegios ni banderas partidistas, sino el cumplimiento de la ley, la defensa de la democracia y la garantía de los derechos fundamentales que fundan la Unión Europea”, declaró Marichalar tras la reunión. Desde hace cinco años, el movimiento que coordina impulsa la “Declaración por la regeneración de España y en defensa de la Constitución”, una iniciativa respaldada por juristas, profesores, profesionales, jóvenes y ciudadanos de diversas sensibilidades.
El próximo acto público será una nueva manifestación en Sevilla el 30 de mayo, que se suma a las ya celebradas en Burgos y Madrid en las últimas semanas, y a las más de 40 movilizaciones desarrolladas desde 2021.
