El personal sanitario público se concentrará este miércoles a las 12 horas frente al Ministerio de Sanidad para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco que garantice condiciones laborales dignas y una mejor atención a los pacientes. La protesta, convocada por Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, reúne a trabajadores de todas las categorÃas del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Reivindicaciones de los sindicatos
Los manifestantes denuncian que el borrador actual del Estatuto Marco mantiene la precariedad laboral en cuestiones esenciales como la jornada laboral, la clasificación profesional o el derecho a la jubilación parcial y anticipada.
Bajo el lema “Estatuto para avanzarâ€, los sindicatos reclaman al Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica GarcÃa, y al resto de departamentos implicados, que impulsen una acción conjunta con las comunidades autónomas para sacar adelante una normativa que represente a cerca de un millón de profesionales de la sanidad pública.
CrÃticas al texto actual
El pasado 23 de septiembre, las organizaciones sindicales ya denunciaron que el borrador, tras las modificaciones de las autonomÃas, “ha quedado desvirtuado y reducido a un documento vacÃoâ€. Según los representantes de los trabajadores, en lugar de avanzar hacia un marco común, se abre la puerta a que cada comunidad regule unilateralmente aspectos esenciales de las relaciones laborales, debilitando incluso el papel de las mesas sectoriales autonómicas.
Escalada de protestas
A la concentración de este miércoles se suma la huelga del colectivo médico convocada para el viernes 3 de octubre. Los facultativos piden que la realización de guardias y la atención a urgencias pasen a ser voluntarias, lo que, según el Ministerio, podrÃa comprometer la continuidad asistencial y dejar al sistema nacional de salud en una situación de “incertidumbre y arbitrariedadâ€.
Con estas movilizaciones, el personal sanitario pretende presionar al Gobierno para que no cierre en falso la negociación y logre un acuerdo que suponga un avance real en derechos laborales y en la calidad de la atención pública.
