El Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para que investigue el modelo de contratación temporal aplicado por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del SERMAS.
La organización sindical sostiene que este sistema condiciona determinados nombramientos de médicos de familia a prestar servicio uno o dos días por semana en un segundo centro de salud, una práctica que, según afirma, puede afectar a la continuidad asistencial y a la seguridad de los pacientes.
La queja fue registrada el 13 de julio por el secretario general de SIME, José María Molero García.
El sindicato alerta del impacto sobre la atención sanitaria
SIME señala que su denuncia no responde únicamente a un conflicto laboral o retributivo, sino que plantea un problema que, a su juicio, puede repercutir en el derecho a la protección de la salud, el seguimiento de pacientes crónicos, la continuidad asistencial y la seguridad clínica en la Atención Primaria madrileña.
El sindicato lamenta haber tenido que acudir al Defensor del Pueblo para solicitar que se examine una práctica que, según sostiene, puede alterar la esencia de la Medicina de Familia, y confía en que la institución evalúe las consecuencias del modelo.
Más de una de cada cinco plazas incluía desplazamientos obligatorios
Según explica SIME, los médicos son llamados desde la Bolsa Única de Empleo Temporal del SERMAS para ocupar una plaza vinculada a un centro de salud, un turno, una agenda, un CIAS y una población determinada.
Sin embargo, en algunos casos la contratación queda condicionada a la firma de una diligencia mediante la que el profesional acepta desplazarse periódicamente a otro centro de salud, generalmente considerado de difícil cobertura.
El sindicato asegura que esta modalidad se aplica de forma creciente desde el segundo semestre de 2024 y afirma que, en los llamamientos analizados durante mayo de 2026, 83 de las 368 plazas ofertadas, es decir, el 22,6 %, incluían desplazamientos obligatorios.
Añade que la distancia media entre ambos centros era de 30 kilómetros, con recorridos de hasta 69,2 kilómetros y trayectos de hasta 122 minutos en transporte público.
SIME considera que el modelo fragmenta la asistencia
La organización sindical sostiene que este sistema no incrementa la capacidad asistencial, sino que reparte un recurso médico ya escaso entre distintos centros.
Según expone, el centro de origen pierde la presencia continuada del facultativo, mientras que el centro receptor recibe una atención parcial e intermitente, sin una vinculación estable con los pacientes.
SIME considera que esta organización dificulta el seguimiento de pruebas pendientes, la modificación de tratamientos y el control de procesos abiertos, especialmente en personas mayores, pluripatológicas, dependientes, polimedicadas, con enfermedades crónicas, problemas de salud mental, deterioro cognitivo o situaciones sociales complejas.
Asimismo, advierte de que la fragmentación puede aumentar el riesgo de errores de medicación, duplicidad de pruebas, pérdida de información, retrasos diagnósticos y una menor coordinación con el resto de profesionales de Atención Primaria.
El sindicato reclama cambios en la planificación
En la documentación remitida, SIME sostiene que el valor de la Medicina de Familia reside en la continuidad de la relación entre el médico y la población asignada, y considera que la historia clínica electrónica no sustituye ese conocimiento acumulado sobre cada paciente.
También señala que la alternancia entre centros, agendas y equipos incrementa el cansancio y la carga mental de los profesionales, factores que, según afirma, pueden repercutir en la calidad asistencial y en la seguridad de los pacientes.
Las peticiones dirigidas al Defensor del Pueblo
La actuación presentada ante el Defensor del Pueblo se suma a la denuncia formulada previamente por CSIT UNIÓN PROFESIONAL ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, centrada en las consecuencias laborales, preventivas y económicas de este modelo.
En esta nueva iniciativa, SIME solicita al Defensor del Pueblo que abra actuaciones, recabe información de la Consejería de Sanidad y del SERMAS y valore si este sistema resulta compatible con el derecho a la protección de la salud y con los principios de continuidad, calidad, equidad y seguridad asistencial.
Entre sus peticiones, reclama que la cobertura parcial entre centros deje de utilizarse como una fórmula ordinaria, que las plazas de difícil cobertura se afronten mediante planificación de plantillas, incentivos adecuados y cobertura completa de los cupos, y que se adopten medidas de estabilidad y fidelización para los médicos de familia recién especializados.
El sindicato concluye que la falta de médicos de familia no debe resolverse mediante la fragmentación de la asistencia, sino garantizando profesionales estables, integrados en sus equipos y vinculados de forma continuada a la población a la que atienden.
