La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrada este viernes ha estado marcada por la tensión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que han rechazado la propuesta de la nueva ley del medicamento, al considerar que sus más de 400 alegaciones no han sido tenidas en cuenta por el Gobierno central.
La sesión, con más de una veintena de asuntos en el orden del día, ha estado dominada por dos frentes de fricción: la citada normativa y la polémica por el cumplimiento de la ley del aborto. En este último punto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido que su departamento tomará “las medidas oportunas” para garantizar que todas las comunidades autónomas respetan y aplican correctamente la ley vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
Aborto y objeción de conciencia
Según la ministra, el Ministerio ha detectado que “muchas mujeres están viendo vulnerado ese derecho” y ha exigido a las comunidades que remitan datos sobre cómo lo están garantizando. “Quien lo esté cumpliendo no tiene nada que temer”, ha asegurado, añadiendo que las regiones deberán justificar que el derecho al aborto se ofrece en la sanidad pública.
El Ministerio ha recordado que en 2023, el 81,45 % de los abortos se practicaron en centros privados, una cifra que evidencia, según el departamento de Sanidad, la insuficiencia de cobertura pública en algunas regiones. Desde el PP han respondido que se cumple la ley, también respetando la objeción de conciencia del personal sanitario, que es un derecho constitucional.
El PP carga contra la ley del medicamento
El otro gran punto de controversia ha sido la nueva ley del medicamento impulsada por el Ministerio, que ha sido rechazada frontalmente por el Partido Popular. La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha denunciado que el Gobierno ha ignorado más de 400 alegaciones presentadas por comunidades y colectivos sanitarios.
“No se ha tenido en cuenta ninguna alegación, lo que convierte esto en una enmienda a la totalidad”, ha declarado Matute, asegurando que la norma “ha puesto a todo el mundo de acuerdo en su contra”, incluidos sectores sanitarios y asociaciones profesionales. El PP acusa al Ministerio de “imposición unilateral” y de no dialogar con las comunidades autónomas.
Clima de confrontación política
La reunión ha confirmado el clima de confrontación entre el Gobierno central y las regiones gobernadas por el PP en materia sanitaria. Mientras Sanidad insiste en que la ley del medicamento busca modernizar el sistema y garantizar el acceso equitativo a los tratamientos, las autonomías populares denuncian que la ley invade competencias y reduce la autonomía regional en materia de salud.
El Consejo Interterritorial concluye sin consenso ni avances significativos, y con un clima político cada vez más enrarecido en el ámbito sanitario. Las tensiones se trasladarán previsiblemente al ámbito parlamentario, donde se debatirá la tramitación de la nueva ley del medicamento en los próximos meses.
