Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha presentado este jueves un recurso directo de apelación ante el Tribunal Supremo, en el que solicita su libertad inmediata por entender que su ingreso en prisión provisional se ha producido sin indicios de criminalidad suficientes y en abierta vulneración del principio de presunción de inocencia.
La petición se formaliza tres días después de que el juez Leopoldo Puente, instructor del denominado caso Koldo en el alto tribunal, decretara su ingreso en prisión como presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública durante su etapa como alto cargo del PSOE.
Argumentos de la defensa
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cerdán sostiene que la decisión judicial "carece de base indiciaria suficiente" y representa una medida "excepcional e injustificada" que infringe derechos fundamentales. El recurso califica de errónea la interpretación del magistrado sobre la participación del exdiputado en presuntos amaños en contratos públicos.
Según argumenta la defensa, Cerdán actuaba como interlocutor político entre el partido y el Gobierno, por lo que su interés en determinadas obras se enmarcaba en la “necesidad de desbloquear proyectos paralizados antes de una campaña electoral”, y no en un esquema de corrupción. En concreto, se refiere a la reactivación de obras como la de la carretera N-121A en Navarra, de la que Cerdán se declaró "orgulloso" en su declaración judicial por el impacto positivo en la seguridad vial de la zona.
Críticas al juez instructor
El recurso también acusa al magistrado de haber interpretado de forma sesgada sus palabras en sede judicial, al afirmar en su auto que la finalidad de las obras no era el bien público sino “beneficios electorales” para el partido. “Esa valoración no solo es errónea, sino que evidencia una actitud procesal abiertamente contraria al acusado”, señala la defensa, que califica de “acrítica” la aceptación por parte del juez del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Contexto del caso
Cerdán fue enviado a prisión provisional este lunes como parte de la investigación del caso Koldo, una causa que explora una presunta red de corrupción vinculada a contratos públicos en diferentes administraciones gobernadas por el PSOE. El juez Puente consideró que existía riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva, razones que justificarían la medida cautelar.
Paralelamente, el Partido Popular ha exigido al Congreso que suspenda el pago de la indemnización por cese a Cerdán como exdiputado y que se remita al Supremo su declaración de bienes. El exdirigente socialista había solicitado una indemnización cercana a los 19.400 euros brutos por los seis años que ocupó un escaño.
Un caso con derivadas políticas
La situación judicial de Cerdán ha reactivado la tensión política entre PSOE y PP, así como las críticas de algunos sectores sobre el uso del aparato judicial en contextos de fuerte polarización. La defensa del exsecretario de Organización insiste en que “no hay elementos objetivos que sustenten su permanencia en prisión” y confía en que el recurso ante el Supremo “restablezca los principios básicos del Estado de derecho”.
Mientras tanto, el alto tribunal deberá valorar si procede mantener a Cerdán en prisión provisional o estimar el recurso que solicita su puesta en libertad inmediata. La decisión podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo de una de las causas más delicadas de los últimos años en el panorama político español.
