El Congreso de los Diputados debatirá en las próximas semanas la iniciativa legislativa popular (ILP) que plantea que la tauromaquia deje de estar considerada patrimonio cultural en España, un estatus que obtuvo en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular. La propuesta, respaldada con más de 700.000 firmas ciudadanas, ha recibido este martes el apoyo del PSOE, Sumar y ERC, lo que garantiza que prospere su tramitación parlamentaria.
Una iniciativa con amplio respaldo ciudadano
El texto registrado busca derogar la Ley 18/2013, que reconoce la tauromaquia como Bien de Interés Cultural, y propone que sean los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas quienes decidan si autorizan o prohíben los espectáculos taurinos en sus territorios. Para sus promotores, el objetivo es “democratizar” la regulación devolviendo la competencia a las administraciones más cercanas a la ciudadanía.
Posiciones enfrentadas en el Congreso
Mientras que PP y Vox votaron en contra, alegando que la ILP supone un ataque a las tradiciones y a la libertad cultural, los grupos que la respaldaron sostienen que no se trata de un veto automático, sino de devolver a las autonomías y consistorios la capacidad de decidir sobre la continuidad de las corridas de toros.
Desde Sumar, se defendió que la iniciativa responde a un cambio social evidente, donde la sensibilidad hacia el bienestar animal ha crecido de manera significativa. ERC, por su parte, insistió en que Cataluña, que prohibió las corridas en 2010, debe poder ejercer su capacidad de autogobierno en esta materia sin imposiciones del Estado.
Reacciones del mundo taurino
La medida ha despertado una reacción inmediata en el sector. El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, denunció que la iniciativa constituye “un ataque totalitario a la libertad cultural” y alertó de las consecuencias que tendría para una industria que emplea a miles de personas y que forma parte de la identidad cultural de España.
Un debate de calado social y político
El enfrentamiento sobre la protección o limitación de la tauromaquia no es nuevo en España, pero la ILP marca un punto de inflexión: de prosperar, pondría fin a la consideración de los toros como patrimonio cultural común, abriendo la puerta a una regulación territorial desigual en función de las sensibilidades políticas y sociales de cada autonomía.
El debate parlamentario se prevé intenso, ya que toca de lleno cuestiones de identidad cultural, bienestar animal, libertad individual y competencias territoriales.
