El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción en el Senado para que el Gobierno de España solicite a la Comisión Europea una moratoria de hasta diez años ante la propuesta de modificación del Reglamento REACH, que contempla la prohibición del uso de plomo en municiones de caza y aparejos de pesca. La iniciativa, presentada por una decena de senadores y liderada por Alicia García Rodríguez, portavoz de Agricultura, Ganadería y Alimentación, será debatida en comisión.
La propuesta europea, que emana de un informe elaborado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) desde 2019 y formalizada en febrero de 2025, plantea restringir el uso del plomo por sus efectos tóxicos sobre la salud humana y el medio ambiente. No obstante, el Grupo Popular advierte que “la situación geopolítica, económica e industrial de Europa es hoy radicalmente distinta a la de hace seis años” y que esta restricción podría generar consecuencias no previstas, incluso para la industria de defensa.
Una propuesta con impacto directo en la pesca recreativa, la acuicultura y la caza
Según la moción, el impacto de la medida no sería únicamente ambiental, sino también económico, deportivo y cultural. En el ámbito de la pesca, la sustitución de los pesos de plomo elevaría los costes de equipamiento y afectaría al precio de las capturas, especialmente en sectores como la pesca recreativa, que mueve más de 10 millones de licencias en Europa, y la acuicultura, que representa un volumen de negocio creciente.
En cuanto a la caza, los senadores subrayan que no existen datos concluyentes que demuestren un impacto directo y severo del plomo en la biodiversidad. Incluso especies carroñeras como el buitre leonado, tradicionalmente sensibles al consumo de restos de caza, han incrementado sus poblaciones, apuntan.
Además, se advierte de riesgos asociados al uso de materiales alternativos, como el acero o el cobre, que pueden resultar inseguros en muchas armas de caza y provocar rebotes peligrosos por sus propiedades balísticas. También preocupa la viabilidad económica para pequeñas industrias del sector, que tendrían que invertir en nuevos procesos productivos sin garantías de retorno inmediato.
Posibles consecuencias sobre la industria de defensa
Aunque el reglamento exime a las Fuerzas Armadas de la prohibición, el PP sostiene que la medida afectaría indirectamente a la industria militar. Según la moción, “la producción de munición civil y militar comparte recursos, tecnologías y cadenas de suministro”. La reducción de la demanda civil de munición de plomo podría poner en riesgo la viabilidad económica de la industria armamentística, dificultando su capacidad de respuesta ante crisis como la actual guerra en Ucrania.
La moción subraya que la autonomía estratégica europea, tal y como se recoge en la Brújula Estratégica y el Libro Blanco para la Defensa Europea, requiere una base industrial fuerte y autosuficiente. Una transición acelerada podría debilitar esa capacidad en un momento geopolítico clave.
Seis medidas concretas para defender los intereses de España
La moción insta al Gobierno a poner en marcha seis acciones:
- Elaborar nuevos estudios científicos y técnicos sobre el impacto real del plomo en la salud y el medioambiente.
- Evaluar las alternativas existentes desde un punto de vista sanitario, ambiental y económico.
- Impulsar iniciativas público-privadas para desarrollar y facilitar el acceso a nuevas soluciones.
- Promover una consulta con todos los sectores implicados, desde el ámbito deportivo al industrial.
- Presentar los estudios resultantes ante la Comisión Europea para influenciar el contenido final del Reglamento.
- Solicitar formalmente una moratoria de hasta 10 años para permitir una transición ordenada.
Una regulación europea que exige debate
El Reglamento REACH (CE 1907/2006) ha sido uno de los pilares de la política europea de control de sustancias químicas. La intención de reducir el uso del plomo es coherente con los objetivos ambientales y de salud pública de la Unión. Sin embargo, voces como la del Grupo Popular piden una revisión equilibrada que tenga en cuenta las consecuencias sociales, económicas y estratégicas del momento actual.
En paralelo, asociaciones de cazadores y pescadores, así como entidades conservacionistas, han empezado a posicionarse. Mientras que organizaciones ecologistas como SEO/BirdLife o WWF han respaldado la propuesta de la ECHA por los riesgos para aves acuáticas y humedales, federaciones deportivas y empresas del sector cinegético y pesquero reclaman una aplicación gradual y consensuada.
