Santos Cerdán

El PP insiste en paralizar la indemnización de Santos Cerdán tras su ingreso en prisión y pide enviar su declaración de bienes al Supremo

Los populares reiteran su solicitud a Francina Armengol y exigen que el Congreso remita al juez instructor los documentos económicos del exdiputado socialista.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán - Foto PSOE
photo_camera El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán - Foto PSOE

El Partido Popular ha registrado este jueves un nuevo escrito dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el que reclama de nuevo la paralización del pago de la indemnización por cese a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, que actualmente se encuentra en prisión provisional por su presunta implicación en una trama de corrupción.

La formación popular considera que la situación procesal de Cerdán y los nuevos datos conocidos justifican una actuación inmediata por parte de la Presidencia del Congreso. En su escrito, el PP insiste en que Armengol aún no ha respondido al primer requerimiento presentado el pasado 21 de junio, cuando ya se solicitaba impedir el abono de la compensación económica que Cerdán había reclamado tras dejar su escaño.

Indemnización de más de 19.000 euros

Cerdán, que entregó su acta el pasado 20 de junio, solicitó formalmente la indemnización que corresponde a los exdiputados, en su caso unos 3.263 euros brutos mensuales durante seis meses, en total cerca de 19.600 euros, tras haber ocupado un escaño desde mayo de 2019. Esta cantidad es el resultado de aplicar el reglamento de la Cámara, que establece una mensualidad por año de servicio parlamentario, con un límite de 24.

Propiedad empresarial presuntamente no declarada

El PP fundamenta su nueva solicitud en el hallazgo por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un contrato de compraventa que acredita que Cerdán poseería desde 2016 el 45 % de la empresa constructora navarra Servinabar, una participación que no habría declarado ante el Congreso. De confirmarse este hecho, supondría un incumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades, lo que habría impedido su condición de diputado.

Desde la dirección popular se ha calificado como “grave” que Cerdán ocultara esta información, lo que pone en entredicho la legalidad de su paso por el Congreso y refuerza la petición de detener cualquier retribución pública adicional mientras se resuelve su situación judicial.

El PP pide al Congreso enviar información al Supremo

Además de paralizar el pago de la indemnización, el PP solicita ahora que la Presidencia del Congreso remita a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo todos los documentos relacionados con las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos que constan en el registro de la Cámara. También pide que se envíe la solicitud de indemnización presentada por Cerdán para que el magistrado instructor del caso pueda valorar si procede su incorporación al expediente judicial o el inicio de nuevas diligencias.

Causa judicial en desarrollo

Santos Cerdán está siendo investigado como parte de una presunta red de corrupción vinculada a adjudicaciones públicas, y su encarcelamiento ha incrementado la presión política en torno a su figura. La investigación salpica a otros dirigentes socialistas y a empresarios relacionados con contrataciones municipales, y ha provocado la apertura de nuevas líneas de investigación en varias comunidades autónomas.

Contexto político

La solicitud del PP se enmarca en un ambiente de máxima tensión política, con la oposición exigiendo responsabilidades y transparencia al Gobierno. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo acusa a Armengol de "pasividad institucional" y al PSOE de intentar proteger a un dirigente bajo sospecha, al permitir que se tramite una indemnización económica sin considerar el contexto penal en el que se encuentra el exdiputado.

Mientras tanto, el PSOE guarda silencio oficial sobre la reclamación económica de Cerdán, limitándose a subrayar que ya no forma parte del grupo parlamentario ni ostenta cargo alguno en el partido. Por su parte, los servicios jurídicos del Congreso no se han pronunciado públicamente sobre la viabilidad de paralizar el pago, aunque fuentes parlamentarias admiten que la situación es inédita y jurídicamente compleja.