Anticorrupción

Montero dirigirá la comisión anticorrupción del Gobierno en plena polémica por el caso Cerdán

La ministra de Hacienda coordinará el plan de transparencia, mientras el PP critica su designación por haber sido consejera durante el escándalo de los ERE en Andalucía

Montero, en una comparecencia - Foto del PSOE
photo_camera Montero, en una comparecencia - Foto del PSOE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de presidir la nueva comisión anticorrupción que el Gobierno puso en marcha este martes tras el estallido del caso Cerdán, con el objetivo de reforzar los mecanismos de transparencia y control interno en la Administración.

Desde Moncloa se subraya que el nombramiento responde a la necesidad de impulsar un plan integral contra la corrupción, con medidas que permitan aumentar la rendición de cuentas y garantizar la confianza ciudadana en las instituciones. Según fuentes gubernamentales, la comisión tendrá como funciones la revisión de contratos públicos, la mejora de la fiscalización y la creación de nuevos protocolos de prevención de malas prácticas.

Sin embargo, la designación de Montero no ha estado exenta de polémica. El Partido Popular ha calificado la decisión como “una burla a los españoles”. Su portavoz nacional, Ester Muñoz, recordó que la ministra fue consejera de la Junta de Andalucía durante los años en los que se desarrolló el caso de los ERE, uno de los mayores escándalos de corrupción en la comunidad. “Es un insulto a la ciudadanía que alguien vinculado a aquella etapa lidere ahora la lucha contra la corrupción”, aseguró.

Montero ha defendido su nombramiento afirmando que su trayectoria al frente de Hacienda demuestra su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos. “No se trata de mirar al pasado, sino de garantizar que en el presente y en el futuro existan los mecanismos suficientes para evitar cualquier sombra de duda”, afirmó la ministra.

La comisión comenzará a trabajar en septiembre y contará con la colaboración de expertos en derecho administrativo, fiscalización de cuentas y representantes de la sociedad civil. Desde el Ejecutivo insisten en que el plan será un instrumento transversal, que afectará a todas las áreas ministeriales.

La oposición, por su parte, ya ha anunciado que exigirá la comparecencia de Montero en el Congreso para que explique los detalles del nuevo organismo y los motivos de su designación.