La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado de manera tajante la propuesta aprobada en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular a iniciativa de Vox, que plantea obligar a los profesionales sanitarios a informar a las mujeres que quieran abortar sobre un supuesto "síndrome postaborto". “No es legal y los profesionales a los que les obliguen a mentir pueden denunciarlo”, ha advertido en una entrevista en La Ventana de Madrid de la Cadena SER.
Una dolencia inexistente según la evidencia científica
La propuesta aprobada en el consistorio madrileño asegura que las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo pueden desarrollar depresión, alcoholismo o autolesiones. Sin embargo, especialistas como la psicóloga y sexóloga Raquel Hurtado y la subdirectora de SEDRA – Federación de Planificación Familiar niegan la existencia de dicho síndrome y lo califican de “acoso y extorsión a las mujeres”.
En la entrevista, García fue clara: “El aborto no aumenta el riesgo de trastornos mentales. Es mentira, un bulo. Lo que pretenden PP y Vox es desinformar y sembrar miedo en un derecho conquistado hace años”.
Críticas a la estrategia del PP en Madrid
Preguntada por el apoyo del Partido Popular a la iniciativa, García señaló que “se han mimetizado con la ultraderecha, son ahora mismo indistinguibles” y acusó al alcalde Almeida de “reproducir los mismos bulos y mitos” que Vox. Según la ministra, la medida forma parte de una “cruzada internacional contra los derechos de las mujeres y su emancipación”.
Legalidad en duda y posibles recursos judiciales
García adelantó que el Gobierno está analizando el marco jurídico y que la medida no tiene amparo en la ley de salud sexual y reproductiva de 2023 ni en ninguna otra norma vigente: “No se trata de informar, sino de desinformar. Eso no lo permite ninguna ley”. En este sentido, subrayó que los profesionales sanitarios no podrán ser forzados a difundir información falsa: “No es objeción de conciencia, es que no puedes obligar a un profesional a mentir ni a atemorizar a las mujeres”.
El reto pendiente: garantizar el aborto en la sanidad pública
La ministra también recordó que el 78 % de los abortos en Madrid se realizan en centros privados y solo un 22 % en la sanidad pública. “La ley de 2023 establece que el aborto debe practicarse preferentemente en la pública, que es la que garantiza igualdad y calidad. Estamos ultimando un informe para evaluar qué comunidades cumplen la norma y cuáles la eluden”, explicó.
García concluyó asegurando que el Gobierno “utilizará todas las herramientas legales disponibles para impedir retrocesos” y reafirmó que “las mujeres no volverán a ser tratadas como menores de edad ni sometidas a bulos ideológicos”.
