En declaraciones a Servimedia, Chicharro ha defendido que "mejor aún que esta medida sería una nueva Ley de Secretos Oficiales", en alusión a la norma vigente desde 1968. Actualmente, el Congreso tramita una propuesta de reforma impulsada por el Gabinete de Pedro Sánchez, cuya aprobación sigue siendo incierta debido a la falta de apoyos parlamentarios garantizados.
Petición de transparencia sobre ETA
Más allá del 23-F, cuya intentona golpista cumple ahora 45 años, la Fundación Franco ha solicitado que se aplique el mismo criterio de transparencia a los documentos reservados que existan sobre las negociaciones mantenidas por diversos Gobiernos con la banda terrorista ETA. Según Chicharro, el acceso a esta información es necesario para completar el mapa de la transparencia histórica en España.
El proceso de ilegalización y la queja por indefensión
La postura de la fundación sobre los secretos oficiales coincide con un momento crítico para la entidad, que se enfrenta a un proceso de extinción judicial en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La pasada semana, la organización denunció que el Ministerio de Cultura no les ha otorgado un "margen temporal razonable" para articular su defensa ante la propuesta de ilegalización.
El conflicto jurídico se centra en los varios puntos. El primero es la inadmisión de pruebas. El Ministerio de Cultura notificó el pasado 16 de febrero la inadmisión de un recurso de alzada sobre una prueba testifical que la fundación considera clave. El segundo es la velocidad procesal. La organización expresa su "sorpresa" por la rapidez con la que se ha adoptado la nueva resolución, apenas un día después de la notificación anterior, lo que, a su juicio, dificulta la defensa jurisdiccional. Y la tercera el soporte normativo. La fundación cuestiona el artículo 32 bis.3 de la Ley de Fundaciones, incorporado en 2023, que permite al Gobierno instar la extinción de entidades que exalten la figura del dictador o similares.
Mientras el procedimiento judicial sigue su curso, la Fundación Franco mantiene su ofensiva comunicativa vinculando la desclasificación de los archivos del 23-F con la necesidad de arrojar luz sobre las etapas de diálogo con el terrorismo, un tema que consideran de igual relevancia para la opinión pública.
