La sesión plenaria del Ayuntamiento de Madrid se convirtió este martes en un escenario de máxima confrontación política, con PP y PSOE acusándose mutuamente de permitir la venta de vivienda social a fondos de inversión y de no frenar el aumento de los desahucios. Las proposiciones presentadas por PSOE y Más Madrid para ampliar el parque público y establecer medidas contra los desalojos fueron rechazadas por PP y Vox, manteniendo un intenso choque que terminó con un momento de alto voltaje: la portavoz socialista Reyes Maroto abandonó el hemiciclo tras acusaciones directas del alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre supuestos casos de corrupción.
El concejal socialista Pedro Barrero denunció que muchas familias madrileñas viven “con un miedo real a perder su hogar”, señalando a los inmuebles vinculados a Fundación Fusara o La Caixa, que han pasado o podrían pasar a manos de fondos buitre pese a haberse levantado en suelo municipal. Barrero acusó al Gobierno de Almeida de permitir que “un derecho básico se convierta en mercancía” y de renunciar a aplicar la Ley de Vivienda estatal. En números, recordó que solo el 0,6 por ciento del total de viviendas de la capital corresponde a parque público y que los alquileres han subido más de un 40 por ciento en cinco años, con 60.000 personas en lista de espera.
Desde el PP, el delegado de Vivienda, Álvaro González, respondió calificando la intervención de Barrero como “demagogia pura y dura”, acusándole de tener “cara de cemento” y reprochando al PSOE que el Gobierno central “no ha hecho cero viviendas en Madrid en siete años”. También negó que la EMVS pueda ser considerada un fondo buitre y acusó a la izquierda de ignorar a los afectados de la Seguridad Social o Sareb.
Vox, alineado con los populares, rechazó la proposición por su “intervencionismo” y defendió medidas como liberalizar suelo, agilizar licencias o eliminar impuestos como ICIO y plusvalías, asegurando que las fórmulas de la izquierda “encarecen todavía más el acceso a la vivienda”.
Más Madrid exige comprar viviendas para la EMVS y tacha de “incompetente” al área de Vivienda
La segunda iniciativa, presentada por Más Madrid, reclamaba iniciar negociaciones para que el Ayuntamiento adquiriera bloques en manos de fondos y los destinara al alquiler asequible. Su concejala Lucía Lois acusó al delegado González de declararse “incompetente pleno tras pleno” y le pidió directamente que abandonara su cargo para “ahorrar a los madrileños el millón de euros que cuesta mantenerle”.
Lois denunció que en zonas como Vicálvaro se está permitiendo la venta de suelo público para la especulación y alertó de que Madrid vive “una expulsión sistemática de población”, dominada por compradores inversores que “se están forrando con los salarios de los madrileños”. El PP rechazó la propuesta asegurando que una operación de compra masiva sería “una vergüenza” y que tardarían 250 años en incorporar las viviendas sugeridas.
Ambas proposiciones fueron apoyadas por PSOE y Más Madrid, pero decayeron con los votos de PP y Vox, dejando el debate sobre vivienda en uno de sus puntos más crispados de los últimos años.
Aprobada la nueva ordenanza de terrazas: más sanciones, mismos horarios y protestas vecinales
En la misma sesión, el pleno aprobó —con el apoyo del PP y la abstención de Vox— la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería, que regula la actividad de más de 6.000 terrazas y entrará en vigor en 2026. PSOE y Más Madrid votaron en contra.
La vicealcaldesa Inma Sanz defendió el texto asegurando que busca “equilibrar intereses” y que la norma “ordena sin prohibir”, reforzando el régimen sancionador. Entre las novedades se contemplan multas más elevadas por ruido, sanciones graves por no retirar terrazas al final de la jornada y faltas “muy graves” por obstaculizar ambulancias o cerrar estructuras en zonas de paso. También se agilizarán licencias y se reducirá burocracia.
La oposición criticó que la ordenanza “favorece a la hostelería frente al descanso vecinal”. Más Madrid la calificó de “dictada por el lobby hostelero”, mientras que el PSOE denunció que se ha aprobado “a toda prisa” y con falta de consenso.
A las puertas de Cibeles, asociaciones vecinales agrupadas bajo el lema “Terrazas sí, pero no así” protestaron contra un texto que consideran “incompatible con la Ley del Ruido” y sin estudio de impacto ambiental. Reclaman más control municipal y más presencia ciudadana en la Comisión de Terrazas.
Pese a las críticas, la ordenanza quedó aprobada y comenzará a aplicarse a principios de 2026.
