El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la condena emitida por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Desde Johannesburgo, donde participa en la Cumbre del G20, Sánchez insistió en que el Ejecutivo “acata pero no comparte” la sentencia, que ha generado un notable choque institucional entre Gobierno y Poder Judicial.
Durante la rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo subrayó que “no tiene ningún sentido hablar ahora mismo de un indulto”, al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno estudie esa medida de gracia tras la resolución judicial. “Hablar de otras cuestiones ahora mismo no tiene sentido”, reiteró, dejando claro que no habrá movimiento en ese sentido en las próximas semanas.
Una condena sin precedentes
El jueves, el Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos vinculado a la difusión de datos personales relacionados con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de la primera condena en la historia a un fiscal general en activo, un hecho que ha desencadenado una fuerte tensión política y judicial.
Sánchez, preguntado por la gravedad de la situación, se limitó a subrayar su confianza en el fiscal general: “Creo en la inocencia del fiscal general del Estado”, afirmó.
Cruce de acusaciones entre Gobierno y Poder Judicial
La resolución ha provocado una intensa reacción desde el Ejecutivo, que en los últimos días ha acusado a sectores del Poder Judicial de “intervenir en política” para dañar al Gobierno. Estas declaraciones han sido duramente criticadas por el Partido Popular, que acusa a Sánchez de “cruzar una línea peligrosa” y de estar “construyendo el relato” para justificar un futuro indulto.
La tensión ha escalado más allá del ámbito político, con formaciones como Podemos denunciando una supuesta “cacería judicial” mientras Vox exige responsabilidades penales para el propio presidente.
Un escenario en plena ebullición
Por ahora, Sánchez trata de contener el debate en torno al indulto, insistiendo en que es momento de “esperar y evaluar”. Sin embargo, la condena al fiscal general abre una nueva crisis institucional en un contexto ya marcado por fuertes tensiones entre Gobierno, oposición y órganos judiciales. El futuro de García Ortiz, y su continuidad en el cargo, queda ahora en el aire mientras se suceden las reacciones políticas.
