Santiago ha puesto el foco en la integridad de los archivos estatales, preguntando directamente si el Ejecutivo tiene constancia de que algún informe, comunicación oficial o documento haya sido borrado o haya desaparecido de las dependencias públicas. En caso de que se confirme la pérdida de información, el diputado solicita detalles sobre los mecanismos de control existentes para rastrear posibles eliminaciones deliberadas de archivos vinculados a la asonada militar.
Dudas sobre el material que aún permanece bajo secreto
A pesar de la reciente salida a la luz de numerosa documentación, el responsable de Justicia e Interior de Izquierda Unida ha pedido a los responsables gubernamentales que especifiquen si todavía existen papeles que permanezcan clasificados. Santiago reclama que se identifique qué tipo de información sigue bajo secreto, qué órganos de la Administración General del Estado custodian dicho material y cuál es la previsión temporal para que el público pueda acceder a ellos.
La iniciativa parlamentaria también pone el acento en los procesos jurídicos que se derivaron del intento de golpe de Estado. El portavoz de Izquierda Unida ha interrogado al Gobierno sobre el régimen actual de acceso y custodia de la documentación judicial relativa a los procesos instruidos y juzgados tras el 23F. El objetivo es asegurar que la memoria histórica y jurídica de España esté protegida y sea accesible para investigadores y ciudadanos.
Esta actuación de Izquierda Unida llega apenas una semana después de que el Gobierno hiciera efectiva la desclasificación de diversos asuntos y actos relacionados con el 23F, un paso que la formación considera positivo, pero que debe ir acompañado de garantías de que no se ha ocultado ni destruido información relevante para el conocimiento de la verdad histórica en España.
