Declaraciones

Ayuso acusa al Gobierno de “intercambiar presos de ETA por votos” tras nuevos beneficios penitenciarios

La presidenta madrileña critica los permisos concedidos a etarras y califica la situación como un ataque a la democracia

Ayuso en Morata de Tajuña | Foto de Servimedia
photo_camera Ayuso en Morata de Tajuña | Foto de Servimedia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno central de “intercambiar presos de ETA por votos”, tras conocerse nuevos beneficios penitenciarios concedidos a miembros de la banda terrorista.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en Morata de Tajuña, Ayuso afirmó que estas decisiones “confirman que hay un claro intercambio de presos por presupuestos, por votos y por Gobierno”.

Críticas a los beneficios penitenciarios

La dirigente madrileña mostró su rechazo a los permisos otorgados a antiguos miembros de ETA, haciendo referencia al caso de ‘Anboto’, a quien se ha concedido el régimen de semilibertad.

Según Ayuso, estas medidas suponen un “ataque sin precedentes a la democracia” y resultan “tremendamente dolorosas” para la sociedad, especialmente para las víctimas del terrorismo.

Asimismo, sostuvo que “cada vez hay más etarras beneficiados por la política del Gobierno”, en una crítica directa a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia penitenciaria.

Un discurso centrado en la memoria y la política

En su intervención, Ayuso recordó que ETA ha sido “el mayor enemigo de la democracia española”, reforzando un discurso centrado en la memoria histórica reciente y en la defensa de las víctimas.

La presidenta calificó la situación como una “ignominia” que, a su juicio, tendrá consecuencias para el conjunto de la sociedad.

Un nuevo foco de confrontación política

Las declaraciones de Ayuso abren un nuevo frente en el debate político nacional, en torno a la política penitenciaria y la gestión de los presos vinculados a ETA, un asunto que sigue generando controversia.

En este contexto, la presidenta madrileña insiste en que este tipo de decisiones responden a acuerdos políticos, mientras que desde el Gobierno central se ha defendido en otras ocasiones que las medidas adoptadas se ajustan a la legalidad vigente y al proceso de reinserción.

El cruce de posiciones evidencia la tensión política en torno a un tema especialmente sensible, donde se entrelazan memoria, justicia y estrategia política.