Un informe elaborado por una misión de trabajo de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha advertido de que la creciente polarización política y las tensiones institucionales en España están generando riesgos para la confianza pública en las instituciones democráticas, aunque subraya que el Estado de derecho español continúa siendo “estructuralmente sólido”.
El documento, presentado este miércoles en Bruselas tras la visita realizada por eurodiputados a España los días 16 y 17 de febrero, pone el foco especialmente en el sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya elección parlamentaria sigue despertando dudas sobre la independencia del órgano de gobierno de los jueces.
Bruselas señala el CGPJ como principal foco de conflicto institucional
La misión europea considera que la independencia judicial continúa siendo “el asunto más sensible y estructuralmente disputado” dentro del sistema institucional español.
En sus conclusiones, los eurodiputados remarcan que el actual modelo, por el que todos los miembros del CGPJ son elegidos por el Parlamento, “sigue generando debate institucional y preocupaciones reputacionales sobre una posible influencia política en la gobernanza judicial”.
El informe no cuestiona la legalidad del sistema español, pero sí advierte de que la persistencia de este conflicto político afecta a la percepción pública de independencia de la Justicia.
Preocupación por corrupción, decretos ley y clima político
Además del ámbito judicial, la delegación europea detectó inquietud sobre los recursos y la autonomía de los órganos encargados de investigar casos de corrupción, así como sobre el contexto político en el que se desarrollan estas investigaciones.
Los eurodiputados también reflejan en el informe distintas opiniones respecto al uso frecuente de los decretos ley por parte del Gobierno, alertando de que esta práctica podría “limitar la deliberación parlamentaria” y debilitar mecanismos de control institucional.
El documento menciona igualmente las tensiones entre el Congreso y el Senado en relación con los procedimientos legislativos y el funcionamiento institucional.
Libertad de prensa y presión sobre RTVE
En materia de libertad de prensa, la misión europea aclara que no detectó restricciones sistémicas a los medios de comunicación, aunque sí identifica un contexto de elevada polarización política que repercute en el debate público.
El informe recoge preocupaciones relacionadas con:
- La gobernanza independiente de RTVE.
- El incremento de amenazas y acoso contra periodistas.
- Dificultades de acceso a información oficial.
- Posibles vulneraciones de estándares editoriales en algunos programas.
Los eurodiputados consideran que estos factores contribuyen al deterioro del clima institucional y de la confianza ciudadana.
Un Estado de derecho “sólido”, pero bajo tensión
Pese a las advertencias, el informe concluye que el sistema democrático español sigue funcionando “dentro de los parámetros constitucionales establecidos”, con instituciones operativas y reformas en marcha.
No obstante, insiste en la existencia de “desacuerdos persistentes” en ámbitos clave como la gobernanza judicial, la independencia mediática o la práctica legislativa.
División política tras la publicación del informe
El contenido del documento ha generado reacciones enfrentadas entre los grupos políticos españoles representados en el Parlamento Europeo.
El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar criticó lo que calificó de “instrumentalización política” del informe por parte del Partido Popular y aseguró que el texto incluye “afirmaciones subjetivas carentes de rigor”.
Por su parte, el portavoz europeo de Vox, Jorge Buxadé, consideró insuficientes las conclusiones y sostuvo que la situación del Estado de derecho en España es “grave”. Mientras tanto, el eurodiputado popular Javier Zarzalejos defendió el informe y pidió que las discrepancias políticas queden reflejadas formalmente en el documento final.
