En el debate internacional sobre Venezuela ha prevalecido durante años la idea de que un relevo inmediato del poder bastaría para encaminar al país hacia la democracia y la recuperación económica. Sin embargo, la experiencia histórica de América Latina muestra que las transiciones abruptas, en contextos de instituciones debilitadas y sin alineación de las fuerzas armadas o el control territorial, pueden derivar en inestabilidad prolongada o rupturas institucionales. El precedente de República Dominicana en 1963 es ilustrativo después del asesinato de Trujillo, un dictador asesino de manual . Juan Bosch, elegido democráticamente, fue derrocado meses después por un golpe militar. El problema no fue solo personal, sino estructural: un sistema incapaz de absorber el cambio sin colapsar.
Experiencias similares explican la cautela histórica de actores como Estados Unidos ante procesos de cambio en países con estas vulnerabilidades. En Venezuela, estos riesgos no eran teóricos. Un vacío de poder sin control efectivo del Estado podría haber generado consecuencias imprevisibles. Reconocerlo no implica justificar la continuidad del régimen chavista, sino asumir que cualquier salida requiere realismo institucional más allá del voluntarismo.
El debate internacional ha estado marcado por contradicciones. Sectores progresistas y de izquierda en América Latina y Europa —que se movilizan con intensidad por causas como Palestina— mantuvieron durante años un silencio cómplice o un apoyo total al régimen venezolano, priorizando la soberanía y el antiimperialismo sobre las denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, líderes como Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) o Gabriel Boric (Chile) condenaron la operación como una violación del derecho internacional y un precedente peligroso, enfatizando el multilateralismo y el diálogo. Sin mencionar que Maduro, perseguido por la justicia estadounidense por narcotraficante, no era el presidente legítimo de Venezuela , debido a la usurpación del poder después de las elecciones donde perdió rotundamente en julio de 2025. No toda la izquierda defiende incondicionalmente al régimen , algunos han criticado sus abusos, como es el caso de Michelle Bachelet, ex presidenta socialista de Chile, en su informe para la ONU, denunciando las torturas, violaciones, desapariciones , asesinatos y encarcelamiento de opositores, muchos menores de edad. Pero la prioridad otorgada a la no injerencia ha generado percepciones de doble estándar, especialmente cuando aliados como Cuba, Rusia, Irán o China se beneficiaron de recursos venezolanos mientras la población sufría un deterioro acelerado.La crisis venezolana es multidimensional: salarios insuficientes, colapso de servicios públicos, hospitales sin insumos, cortes de electricidad y agua, hiperinflación desbocada y un coste de vida desproporcionado
. Pero reducirlo a lo económico es insuficiente. Venezuela ha enfrentado violaciones sistemáticas de derechos humanos, reitero, 15 mil detenciones arbitrarias, 1.800 presos políticos, 3 mil torturas documentadas, 10 mil ejecuciones extrajudiciales, 350 asesinados en protestas, persecución de opositores y restricciones a la libertad de expresión. A ello se suma una de las mayores crisis migratorias del mundo, con cerca de 8 millones de venezolanos forzados a abandonar el país (según ACNUR y R4V), fragmentando familias y afectando a naciones receptoras.
Las recientes liberaciones parciales de presos políticos (como Rocío San Miguel, Enrique Márquez o Biagio Pilieri) son un paso positivo, pero insuficiente ante la magnitud de la represión acumulada. En la política estadounidense de los noventa se popularizó la frase “The economy, stupid” (o “Es la economía, estúpido”, en su versión más extendida), un recordatorio interno de la campaña de Bill Clinton en 1992 que ponía el foco en las preocupaciones cotidianas de los votantes. Frente al caso venezolano —y especialmente ante quienes hoy marchan defendiendo la soberanía del régimen ilegítimo — el mensaje debería ser otro: son los derechos humanos, estúpido. No hay coherencia moral plena cuando la indignación internacional es selectiva, ignorando en parte los deseos de la mayoría del pueblo venezolano sometido durante 27 años a un régimen totalitario y criminal. Venezuela no necesita consignas polarizadas, sino una atención internacional centrada en la dignidad humana, el respeto efectivo de los derechos fundamentales y un proceso de transición ordenado que evite nuevos vacíos de poder.
