Miles de estudiantes en toda España han pasado esta semana por uno de los momentos más determinantes de su vida académica: la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). En 2024 fueron cerca de 327.000 los jóvenes que se presentaron, una cifra récord que refleja la magnitud de un sistema que cada año concentra expectativas, presión y, también, incertidumbre.
Durante los últimos dos años he vivido este proceso muy de cerca, a través de mi hija y su entorno. Lo que debería ser el cierre de una etapa —los últimos cursos de Bachillerato— se transforma, en muchos casos, en una carrera de fondo marcada por el cálculo constante, la ansiedad por la nota, y la sensación de que todo puede depender de unos pocos días de examen.
La PAU nació con un objetivo claro: evaluar los conocimientos y competencias adquiridos durante el Bachillerato y ordenar el acceso a la universidad. Pero en la práctica se ha convertido en algo más: un filtro que, en ocasiones, decide trayectorias de vida por márgenes mínimos. Una diferencia de décimas puede determinar quién entra y quién se queda fuera.
El modelo no es único ni inevitable. En países como Estados Unidos, el acceso a la universidad está fuertemente condicionado por el coste económico, lo que obliga a muchas familias a ahorrar dinero desde el nacimiento de sus hijos. Por otro lado, Argentina, el sistema público universitario ha permitido históricamente un acceso más amplio, pese a las dificultades y recortes que ha sufrido en los últimos años.
Ese modelo ha demostrado su impacto. Argentina ha obtenido cinco premios Nobel —de la paz a la ciencia— y de su universidad pública surgió también René Favaloro, creador del bypass aortocoronario en 1967. Una innovación que ha salvado millones de vidas en todo el mundo. Su trayectoria es, además, un ejemplo claro: difícilmente habría podido formarse en una universidad privada, y sin la universidad pública nunca habría llegado a ser quien fue.
Estos ejemplos no son casualidad. Son la evidencia de que ampliar el acceso al conocimiento no reduce la excelencia: la multiplica.
Soy hija de la universidad pública y la primera generación universitaria en mi familia. Y no estoy segura de que, en un sistema donde una décima puede excluirte, hubiera tenido la misma oportunidad. Porque el problema no es evaluar: es convertir una evaluación puntual en una barrera estructural.
Hoy, muchos estudiantes que no alcanzan la nota de corte en la universidad pública se enfrentan a una disyuntiva clara: pagar una privada o renunciar a la carrera que desean. En ese punto, el acceso deja de depender del mérito y pasa a depender, en parte, de los recursos.
Mientras tanto, jóvenes brillantes —como mi propia hija, reconocida por su rendimiento académico— siguen sin saber si podrán estudiar aquello que les apasiona. Y la pregunta es inevitable: ¿puede un sistema que genera esa incertidumbre considerarse plenamente justo?
Repensar el acceso a la universidad no implica eliminar la exigencia, sino complementarla. Introducir otras variables, reconocer trayectorias, contextualizar resultados y, sobre todo, evitar que el talento quede fuera por márgenes mínimos.
Porque, en última instancia, conviene plantearse una cuestión de fondo: ¿una nota obtenida en unos días de examen determina realmente quién será mejor profesional?
La evidencia —y la historia— invitan a pensar que no.
