Hay elecciones que administran el poder y elecciones que lo refundan. Lo ocurrido el 31 de mayo en Colombia pertenece inequívocamente a la segunda categoría. No porque los resultados hayan sido extraordinarios en su magnitud, sino porque han revelado algo más profundo que una preferencia electoral: el agotamiento moral de un proyecto político que llegó al poder prometiendo transformación y entregó polarización, desinstitucionalización y la parálisis sistemática de un Estado secuestrado por la retórica.
Abelardo de la Espriella, outsider barranquillero que los encuestadores descartaban con condescendencia, canalizó algo que los modelos estadísticos no saben medir: el hartazgo de una mayoría silenciosa que ya no cree en las promesas del mesianismo de izquierda. Frente a él, Iván Cepeda representa no una renovación sino una inercia: la continuación de una gramática de gobierno que ha convertido el conflicto perpetuo en su único instrumento de cohesión interna.
Pero el episodio verdaderamente revelador no fue el resultado. Fue lo que vino después. Ante la derrota, Gustavo Petro recurrió al manual más viejo del populismo latinoamericano: deslegitimar el proceso. Denunció fraude sin evidencia comprobada, cuestionó el software electoral, fabricó la narrativa del complot y declaró, investido aún con la autoridad presidencial, que no reconocía los resultados. La Misión de Observación de la Unión Europea descartó cualquier irregularidad. El escrutinio oficial confirmó el preconteo con una precisión aplastante. Nada importó.
Este patrón tiene nombre y tiene historia. En 1970, el general Gustavo Rojas Pinilla ganó la primera vuelta presidencial colombiana con una ventaja real sobre Misael Pastrana. El Frente Nacional, acorralado, fabricó su derrota en el escrutinio. Aquella infamia incubó durante años el resentimiento que alimentó al M-19 y marcó una generación entera. Petro, paradójicamente, invierte el guión: esta vez es el gobierno saliente el que niega una victoria opositora limpia, invocando los fantasmas del fraude con la misma frivolidad con que sus predecesores cometieron el real. La Historia ha puesto al heredero ideológico de aquellas víctimas en el papel de sus victimarios.
En el tablero geopolítico regional, la señal que emite Colombia es igualmente significativa. Nicaragua y Cuba observan con alarma cómo el electorado de uno de sus aliados diplomáticos más activos podría clausurar el ciclo izquierdista en Bogotá. Venezuela, sumida en su propia convulsión tras la caída de Maduro, ya no es el ancla ideológica que solía ser; su derrumbe interno priva al petrismo de su principal referente y espejo. El eventual triunfo de De la Espriella el 21 de junio devolvería a Colombia su rol histórico como contrapeso institucional en la región, en un continente donde la nueva geometría política —de Milei a Noboa, de Bukele a Boluarte— se dibuja con trazos cada vez más nítidos.
La segunda vuelta no dirime solo una presidencia. Dirime si Colombia opta por la rectificación o por la perpetuación de un experimento que ha fracturado su tejido social. Y dirime, también, si las instituciones de la República tienen la robustez suficiente para sobrevivir a un gobierno que, en su ocaso, ha demostrado que prefiere la narrativa del fraude al veredicto de las urnas.
A veces los pueblos tardan en pronunciarse. Cuando lo hacen con esta contundencia, conviene escucharlos.
