Mientras la opinión pública se distrae con debates ideológicos, polarización y promesas populistas, una crisis real, concreta y letal avanza sin freno: el colapso progresivo del sistema de salud en Colombia. Los indicadores son alarmantes y, más allá de cifras, revelan tragedias humanas que deberían sacudir la conciencia del país. Solo en Cali, las muertes maternas pasaron de 105 en 2020 a 136 en lo corrido del año, una cifra que refleja no solo una regresión sanitaria, sino una profunda falla institucional.
La atención en ginecobstetricia se encuentra al borde del colapso. Esta tendencia, que no es exclusiva de Cali, es reflejo de un deterioro generalizado en la red hospitalaria nacional. A esto se suma el reciente cierre temporal del área de urgencias del Hospital San Carlos en Bogotá, uno de los centros asistenciales más importantes de la capital, que debió suspender atención por la crisis financiera y operativa de su IPS.
Lo que estamos presenciando no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad más grave: la politización destructiva de la salud pública, la desfinanciación crónica del sistema, y la desarticulación entre los distintos niveles del Estado y las entidades prestadoras. La reforma a la salud impulsada por el Gobierno Petro, lejos de fortalecer el modelo, ha generado mayor incertidumbre y debilitamiento en los mecanismos de atención primaria, atención hospitalaria y sostenibilidad financiera de hospitales públicos.
No es aceptable que, en pleno siglo XXI, mueran madres por causas prevenibles en un país que posee el conocimiento médico, la infraestructura técnica, los profesionales de la salud y el talento humano para evitarlas. La salud materna es uno de los indicadores más sensibles del desarrollo humano, y su deterioro es una alerta roja no solo para el sistema sanitario, sino para toda la sociedad.
El colapso de urgencias en distintas regiones del país —de Bogotá a la costa, de Cali al Eje Cafetero— no puede seguir siendo tratado como un problema puntual de capacidad. Estamos ante una crisis estructural que requiere decisiones valientes, diálogo técnico, y voluntad de corregir errores antes de que la situación se torne irreversible. Se necesita un gobierno, ministerio y secretarías de salud que hagan algo frente a esto y detengan así está crisis de salud que se empieza a parecer a la de Venezuela y Cuba, que además para la izquierda latinoamericana es un referente en salud.
Es hora de que el debate público se centre en lo urgente y no en lo ideológico. La vida de las mujeres, los recién nacidos y millones de colombianos que acuden a los servicios de urgencias está en juego. Gobernar no es polarizar, es proteger. Y hoy, proteger significa garantizar que ninguna mujer muera por falta de atención en su parto. Significa asegurar que ningún hospital tenga que cerrar sus puertas porque el Estado no cumple. Y significa entender que la salud no puede esperar más.
