En las últimas horas, Venezuela ha vuelto a situarse en el centro de la atención internacional, en un momento que muchos consideran decisivo tras más de dos décadas de deriva autoritaria y deterioro profundo.
Durante más de 20 años, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela sufrió una catástrofe prolongada de violaciones de derechos humanos, represión política, autoritarismo y colapso social y económico, ampliamente documentada por organismos internacionales y agencias de la ONU. Paralelamente, el país experimentó una deriva autoritaria sostenida, marcada por la concentración del poder en el Ejecutivo, el debilitamiento de la separación de poderes, la cooptación del Poder Judicial, la anulación de la Asamblea Nacional electa y el uso de elecciones sin garantías plenas como mecanismo de control político. En este contexto, las fuerzas de seguridad del Estado llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra opositores, defensores de derechos humanos y manifestantes, y miles de personas fueron encarceladas por motivos políticos en condiciones inhumanas. Grupos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron patrones de abuso, detenciones sin debido proceso, censura, persecución política y uso excesivo de la fuerza.
Las protestas masivas registradas en distintos momentos entre 2014 y 2024 fueron respondidas con violencia estatal, dejando cientos de muertos y miles de heridos o detenidos. Tras las elecciones de 2024, organizaciones independientes reportaron más de 1.800 arrestos relacionados con protestas, y más de 360 muertes.
En el plano económico, Venezuela sufrió uno de los colapsos más profundos de la historia reciente de América Latina. La mala gestión, la dependencia petrolera y políticas económicas erráticas provocaron hiperinflación, pérdida extrema del poder adquisitivo y el derrumbe de los servicios básicos. En 2018, la inflación superó el 130.000 %, la producción petrolera cayó a mínimos históricos y la escasez de alimentos y medicinas se volvió crónica.
Este colapso desencadenó una crisis humanitaria sin precedentes: hospitales sin insumos, sistemas de salud colapsados y el resurgimiento de enfermedades prevenibles como el sarampión, la difteria y la malaria, documentado por la Organización Mundial de la Salud y la OPS.
La combinación de represión política, autoritarismo institucional, deterioro social y escasez generalizada impulsó una migración masiva. Según ACNUR y la OIM, más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país, configurando una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo moderno.
El impacto social fue devastador. Según un estudio reciente del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la pobreza en Venezuela alcanzó el 86 % en 2024, reflejando niveles alarmantemente altos de carencias en ingresos y condiciones de vida. Esta realidad se tradujo en salarios incapaces de cubrir las necesidades calóricas básicas, inseguridad alimentaria generalizada, deterioro educativo y el colapso de servicios públicos esenciales como la electricidad, el agua potable y el transporte.
En conjunto, estos hechos describen años de autoritarismo, represión, torturas, muertes en protestas, millones de personas forzadas al exilio, malnutrición generalizada y la destrucción de las instituciones democráticas y del sistema de salud. Para muchos venezolanos, el posible cierre de 27 años de chavismo y madurismo representa el fin de una de las etapas más oscuras de la historia del país y un momento histórico de liberación tras décadas de sufrimiento.
