Del triángulo a la polémica baliza V16 que todos los conductores deberán llevar desde 2026

La DGT convierte en obligatoria una baliza geolocalizada conectada a su plataforma digital, con el objetivo de reducir atropellos en carretera. Pero el sistema despierta dudas sobre su eficacia real, su coste, la privacidad de los datos y el negocio que se esconde detrás.

baliza V16
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Un cambio que se enciende… y no solo de luz

Un coche averiado, un arcén estrecho, un conductor que sale a colocar los triángulos, un atropello. Con esta imagen, repetida en demasiadas noticias de tráfico, la Dirección General de Tráfico (DGT) justifica la sustitución definitiva de los triángulos por una baliza luminosa geolocalizada.

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos matriculados en España deberán llevar una baliza V16 conectada que, al activarse, emita una señal luminosa visible a un kilómetro de distancia y comunique la ubicación exacta del vehículo a la plataforma digital de tráfico DGT 3.0.

El argumento oficial es reducir los atropellos en vías interurbanas, que entre 2018 y 2022 causaron —según datos de la DGT— entre 20 y 58 muertes anuales. Sin embargo, la propia administración reconoce que no existen estudios específicos que determinen cuántas de esas víctimas lo fueron al colocar los triángulos ni cuántas vidas se salvarán con la nueva medida.

Cómo funciona la baliza V16 conectada

La baliza, de pequeño tamaño y forma cilíndrica, se coloca sobre el techo del vehículo sin necesidad de salir del habitáculo. Mediante un imán o ventosa, se adhiere y comienza a emitir luz intermitente amarilla visible en 360 grados.

Su diferencia clave frente a las versiones anteriores es que lleva un chip GPS y una tarjeta eSIM, que transmiten en tiempo real la posición del vehículo a la DGT. Desde allí, la ubicación se comparte con aplicaciones de navegación, paneles de mensaje variable y servicios de emergencia.

El sistema está diseñado para operar de forma autónoma, sin que el conductor deba pagar una cuota de datos ni realizar ningún registro: la conectividad está incluida en el precio de compra y garantizada durante al menos 12 años.

Pero el funcionamiento digital no es infalible: la señal depende de cobertura móvil y satelital, lo que deja zonas sin conexión, como túneles o áreas rurales, con eficacia reducida. En esos casos, la baliza almacenará la información y la enviará más tarde, lo que, en una emergencia, puede restar utilidad.

Un negocio de más de mil millones de euros

El cambio no es menor. En España circulan más de 34 millones de vehículos. Si cada propietario debe adquirir una baliza conectada, con un precio medio de 40 a 50 euros, el desembolso conjunto supera los 1.400 millones de euros.

Solo en concepto de IVA, Hacienda podría ingresar más de 300 millones, según estimaciones de medios económicos. La medida, impulsada bajo el argumento de la seguridad vial, se traduce en la práctica en un gasto obligatorio masivo para los conductores.

“Es una obligación con apariencia de modernización, pero con efectos recaudatorios inmediatos”, denuncia Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Desde la organización piden transparencia sobre el destino de esos ingresos y cuestionan la ausencia de un análisis de impacto económico antes de la aprobación de la medida.

Quién fabrica y quién certifica las balizas

La DGT ha homologado hasta la fecha 233 modelos de balizas conectadas, fabricadas por 27 empresas. La española Netun Solutions, creadora de la conocida marca Help Flash, fue pionera y ha obtenido varias homologaciones.

Sin embargo, según un análisis de ComputerHoy, solo el 12% de los dispositivos homologados son de fabricación nacional: la mayoría proceden de plantas en China y otros países asiáticos.

Los ensayos de homologación —luminosidad, autonomía, conectividad— los realizan laboratorios autorizados, pero la DGT no publica el listado detallado de auditoras, ni los criterios técnicos usados para verificar la calidad o la seguridad de los datos transmitidos.

España, el único país europeo con obligación total

Ni Francia, ni Alemania, ni Italia han hecho obligatoria una baliza conectada. En la mayoría de países europeos, los triángulos siguen siendo válidos o se permite el uso voluntario de luces de emergencia portátiles.

España es el único país de la Unión Europea que impone por ley la adquisición de una baliza con conectividad digital obligatoria. Una medida singular que refuerza el mercado interno de fabricantes, pero también genera interrogantes sobre su proporcionalidad y su compatibilidad con las normas europeas de competencia y privacidad.

La cuestión de la privacidad: ¿dónde van los datos?

La DGT asegura que la baliza no transmite datos personales, solo la ubicación geográfica del vehículo mientras la luz está encendida. Aun así, expertos en protección de datos recuerdan que la geolocalización de vehículos en tiempo real puede considerarse un dato personal indirecto si permite identificar al titular o vincular trayectorias.

“La normativa no aclara si los datos se destruyen de inmediato o si se almacenan durante un periodo determinado”, advierte un técnico del sector de ciberseguridad consultado por El Diario de Madrid. “Tampoco sabemos si podrían ser consultados por aseguradoras o autoridades distintas de tráfico”.

Lo que aporta... y lo que no

El sistema DGT 3.0 permite integrar la información de la baliza con la red de gestión del tráfico, avisar a otros conductores y mejorar la respuesta ante incidentes. En teoría, eso debería reducir tiempos de detección y mejorar la seguridad.

Sin embargo, España ya cuenta con una amplia red de cámaras, sensores y paneles inteligentes. Para algunos expertos, la baliza es una “duplicación tecnológica” más simbólica que funcional.

“Si realmente se buscaba evitar atropellos, bastaba con reforzar la educación vial y mejorar la iluminación en arcenes”, señala el portavoz del RACE. “La tecnología no puede ser una excusa para imponer un gasto obligatorio sin evaluar su impacto real”.

Una obligación con luces y sombras

El Gobierno defiende la medida como un paso hacia la digitalización de la seguridad vial. Pero, a falta de estudios que acrediten su eficacia real, la implantación de la baliza V16 conectada abre una reflexión más amplia: ¿hasta qué punto la seguridad justifica imponer un nuevo coste tecnológico al ciudadano?

La transición del triángulo al chip simboliza una nueva era: más conectada, más controlada y, quizá, menos transparente. Una era donde la seguridad y el negocio se confunden, y donde la luz intermitente de una baliza podría iluminar tanto el arcén de una autovía… como las zonas oscuras de la política pública.