El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido hacer del pacto de Estado frente a la emergencia climática la gran apuesta política del nuevo curso. Tras los devastadores incendios forestales de agosto y las últimas inundaciones por la dana, Moncloa considera que ha llegado el momento de situar la lucha contra el cambio climático en el centro de la agenda.
A partir de septiembre, el Ejecutivo iniciará una ronda de consultas con científicos, empresarios, sindicatos, comunidades autónomas, entidades locales y sociedad civil para diseñar un plan que no solo tenga impacto práctico en materia de prevención y respuesta a desastres naturales, sino que también refuerce la cohesión de la coalición y de sus socios parlamentarios.
Una bandera política para la legislatura
Fuentes gubernamentales admiten que el pacto climático no estaba previsto en el Plan Normativo de 2025, aunque el acuerdo de coalición con Sumar sí incluía medidas para revisar la Ley de Cambio Climático y elaborar una Estrategia de Transición Justa. Sin embargo, la magnitud de los desastres recientes ha cambiado las prioridades.
Moncloa cree que el pacto servirá para dar sentido a la legislatura, especialmente en un momento en que se avecinan nuevas informaciones judiciales sobre corrupción. El Ejecutivo busca contrarrestar esa situación con propuestas progresistas y transversales, que sean difíciles de rechazar para sus socios de investidura.
El PP en la diana
Desde el Gobierno sostienen que el PP de Alberto Núñez Feijóo tendrá complicado oponerse frontalmente al pacto sin aparecer alineado con Vox y los negacionistas climáticos. “Las imágenes de los incendios y de la dana han dejado en evidencia a quienes minimizan el cambio climático”, señalan en Moncloa.
No obstante, la dirección popular en Génova ha respondido con frialdad e incluso con desdén a la iniciativa, acusando a Sánchez de instrumentalizar la emergencia climática con fines políticos. Pese a ello, barones autonómicos del PP, como Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y María Guardiola (Extremadura), han admitido públicamente la necesidad de reforzar la prevención y revisar la normativa ambiental. Incluso Isabel Díaz Ayuso, habitualmente crítica con la agenda verde, moderó su discurso tras el incendio de Tres Cantos, que dejó una víctima mortal.
Prevenir desastres y reforzar la seguridad
El pacto no solo contempla medidas legislativas, sino también compromisos en materia de inversión en prevención, coordinación con las comunidades autónomas y fortalecimiento de los medios de emergencias. El propio Sánchez recordó en abril que parte de la inversión en defensa también tendrá un carácter dual, con capacidad de las Fuerzas Armadas para actuar ante incendios e inundaciones.
El Ejecutivo considera que esta visión permitirá atraer a socios reticentes como Podemos, que rechazan el gasto militar, al presentar la lucha contra el cambio climático como una política de seguridad nacional.
Un debate que marcará la agenda política
Consciente de la gravedad de los últimos episodios de incendios e inundaciones, Sánchez buscará que el pacto climático se convierta en un eje transversal que atraviese todas las políticas públicas: desde la agricultura y la gestión del agua, hasta el urbanismo, la salud y la innovación tecnológica.
En paralelo, el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, podría convertirse en el foro para que la oposición plantee sus propias propuestas, aunque en el Congreso la aritmética parlamentaria vuelve a situar a los populares ante la disyuntiva de pactar con Vox o abrirse a un consenso con el Gobierno.
En definitiva, el pacto de Estado contra el cambio climático se perfila como la gran apuesta política del Ejecutivo para consolidar la legislatura, reforzar su imagen progresista y retratar al PP ante la opinión pública en un asunto que, tras las últimas catástrofes, se ha convertido en una prioridad ineludible para la sociedad española.
