La tensión en el barrio del Aeropuerto de Barajas ha estallado. Más de 200 vecinos se concentraron este martes frente al edificio industrial okupado de la calle Trespaderne, convertido en el epicentro de una grave crisis de convivencia. Los residentes denuncian que la presencia de unas 50 personas en el inmueble ha generado una espiral de robos, amenazas, trapicheo de drogas y violencia que ha roto la tranquilidad del barrio.
El edificio, a apenas 70 metros de la sede de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevaba años vacío pero nunca había sido okupado hasta ahora. Según los vecinos, la situación cambió drásticamente hace un mes con la llegada de nuevos inquilinos, muchos procedentes del conocido hotel okupa de San Blas y de los desalojos en el entorno de la T4 del aeropuerto.
Un barrio en pie de guerra
Durante la protesta, autorizada inicialmente de siete a ocho de la tarde pero que se prolongó más de hora y media, los asistentes hicieron sonar silbatos, portaron pancartas y gritaron consignas como “¡fuera okupas!”. “Este era el barrio más tranquilo del mundo y ahora no nos dejan vivir”, resumía uno de los manifestantes.
Otros vecinos, visiblemente preocupados, recordaron que en la zona viven personas mayores y niños, lo que incrementa la sensación de inseguridad. “Estamos en una fase de provocaciones constantes. Nos lanzan cosas, nos insultan y nos amenazan”, relató Carmen, una de las residentes.
Los okupas, por su parte, respondieron desde las ventanas del inmueble con pancartas en las que se reivindicaban como personas “tranquilas” y acusaban a los medios de comunicación de criminalizarlos.
Escalada de violencia y detenidos
El fin de semana anterior ya había dejado un saldo de 12 detenidos, vehículos incendiados y armas caseras incautadas tras los enfrentamientos entre okupas y vecinos. La Policía Nacional mantiene un control exhaustivo del acceso al edificio, aunque los residentes aseguran que la inseguridad persiste y que incluso han recibido amenazas de muerte.
Comercios del entorno, como una farmacia y un bazar de alimentación, también han sufrido atracos y altercados. La situación ha llevado a los vecinos a organizar patrullas vecinales nocturnas y grupos de WhatsApp para coordinarse y evitar enfrentamientos directos, aunque insisten en que “hasta que no pase algo grave, no actuarán las autoridades”.
División política y reclamaciones
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se reunió este martes con representantes vecinales y el comisario provincial de la Policía Nacional, comprometiéndose a reforzar la acción policial y mejorar la coordinación institucional. Sin embargo, los vecinos recibieron el anuncio con escepticismo.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, responsabilizó al delegado de “incapacidad para garantizar la seguridad” y reclamó una solución urgente. Desde Vox, Javier Ortega Smith planteó la expropiación del edificio para convertirlo en un equipamiento público para el barrio.
Mientras tanto, los residentes insisten en una única demanda: “desalojo inmediato”. Temen que el problema se cronifique y reclaman una respuesta eficaz que devuelva la normalidad y la seguridad a un barrio que, hasta hace pocos meses, consideraban “el más tranquilo de Madrid”.
